El papel de la mujer en la agricultura es de gran importancia puesto que ha contribuido a que el sector agrícola español logre las magnitudes económicas y sociales actuales. Sin embargo, al no gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social, su trabajo se ha visto muchas veces invisibilizado.
Tal y como se recoge en el estudio Contribuciones económicas, sociales y medioambientales del cultivo de invernadero, de Hortiespaña, en el caso de Almería, hay mujeres agricultoras, socias de cooperativas, técnicas e ingenieras agrícolas, envasadoras y manipuladoras, jefas de línea, comerciales y directivas de comercializadoras.
El 71% y el 30% del personal empleado, respectivamente, en empresas de comercialización y fincas, es mujer; mientras que la media total de empleo femenino en la agricultura es del 41%, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2017. Hoy día, por ejemplo, un tercio de los técnicos agrícolas de la provincia son mujeres, una de las más altas tasas del país en cuanto a representatividad de la mujer en el campo.
En el ámbito de la explotación familiar, muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrarias, pero en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”. Según la Encuesta del INE sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (Año 2016) , el 67,58% de los titulares de una explotación eran hombres frente a un 32,42% de mujeres.
En ese contexto, el 5 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, cuyo objetivo es mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias y visibilizar el trabajo de las mujeres. Y la creación del Registro pertinente por el que la administración, representación y responsabilidad de la explotación corresponde a ambos titulares, se reparten los rendimientos al 50%, se consideran beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones y los dos cotizan a la Seguridad Social. En Andalucía se puede solicitar en línea a través de su página web si se cuenta con certificado digital.
A diciembre de 2018, tan sólo había una explotación registrada en Andalucía, y 522 en toda España, según los datos del Ministerio.
