La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha vuelto a reclamar hoy en la Conferencia Sectorial de Agricultura, que el Gobierno de España incluya más ecoesquemas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC), a fin de que estas prácticas sostenibles “no se conviertan en un coste adicional que lastre al sector agrario andaluz”, sobre todo cuando los agricultores y ganaderos están padeciendo los efectos de un incremento extraordinario de los costes de producción por la subida de la energía y de insumos como los fertilizantes.
Crespo, quien ha participado esta tarde en la Conferencia Sectorial celebrada de forma telemática, ha incidido en demandar 20 ecoesquemas y no 9 como plantea el Ministerio de Agricultura en el Plan Estratégico publicado para su consulta pública. “De esta forma -ha sostenido- se recogería la gran diversidad de cultivos, climas y tipos de tierra que conviven en el sector agrario andaluz y evitaríamos que se conviertan en una tasa plana encubierta”.
Reclamación de todo el sector
En este sentido, la consejera ha subrayado que la demanda de más ecoesquemas “es una reclamación de todas las organizaciones agrarias andaluzas y de la propia Consejería de Agricultura” que estamos planteando desde inicio en las negociaciones de la PAC. “El sector agrario y el Gobierno de Andalucía vamos de la mano en el objetivo de una PAC buena para España y para Andalucía”, ha enfatizado, antes de censurar que “Andalucía es la única comunidad que pierde con el Plan Estratégico del ministerio”.
Carmen Crespo ha anunciado que en los próximos días se remitirán las alegaciones al Plan Estratégico Nacional que presentará el Ejecutivo andaluz, a la par que ha subrayado que el trabajo de la Junta de Andalucía y de las organizaciones que representan a los agricultores y ganaderos de esta región -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- ha logrado modificar cuestiones de gran relevancia planteadas en la propuesta inicial de la nueva PAC, que suponía un cambio brusco respecto a la política europea del marco actual (2014-2020). Entre otras modificaciones, se ha conseguido frenar el proceso de convergencia acelerada que proponía el ministerio y se ha evitado la eliminación de derechos y la reducción drástica de las regiones productivas.
