13 retos del sector agroalimentario andaluz

cesur granada

Andalucía lidera la producción nacional de hortalizas superando el 50%. Estos datos evidencian la importancia de la horticultura tiene en el sector agrario andaluz. Además, Granada y Almería concentran el 85 % de toda la producción de frutas y verduras andaluzas.

Además, el sector agro, con 1.079,47 millones de euros, supone el 8,5% del PIB de la provincia de Granada; mientras que en Almería genera el 15,60% de su PIB, en concreto, 2.443,69 millones de euros.

Estos son algunos datos extraídos del informe “Prospectiva estratégica para el sector agroalimentario andaluz y extremeño” que presentó ayer la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR en Granada.

El informe ha sido presentado en la jornada “Estrategias para afrontar los retos “imposibles” de las nuevas políticas agrarias” que ha patrocinado Caja Rural Granada, ha presidido Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de CESUR y ha sido presentada por el coordinador del informe, Pablo Lara, Dr. Ingeniero Agrónomo y Profesor Titular de ETSIAM.

La jornada también ha contado con una mesa coloquio en la que han participado Enrique Colilles, director General de Trops; Ignacio Elola Zaragüeta, CEO de Lactalis Iberia; Jesús García Puertas, consejero delegado de Grupo La Caña; Eduardo Valverde Granados, director general de Conde de Benalúa; y, como moderador, Juan Antonio García Guerrero, jefe de gabinete técnico de Caja Rural Granada.

Conclusiones

En Andalucía, el sector agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) aporta en torno al 15% del Valor Añadido Bruto (13.000 millones €), el 17% del empleo regional (unos 500.000 trabajadores) y suponen el 40% del valor de las exportaciones regionales.

En el contexto nacional, Andalucía representa alrededor de una cuarta parte del valor de la producción agraria en España y aporta más de un 30% del valor añadido y el empleo del sector agrario nacional y es la primera Comunidad Autónoma por valor exportado de productos agroalimentarios.

Debida esta importancia, los empresarios andaluces presentaron a raíz del citado informe las medidas comunitarias que están afectando y van a afectar dramáticamente al sector agroalimentario andaluz:

  1. La implantación de las medidas de la Estrategia de la Granja a la Mesa supondría, según diversos estudios, reducciones de la producción entre un 10 y un 16%, una disminución de los ingresos y la renta de los agricultores entre un 16 y un 25%, la pérdida de competitividad de las explotaciones respecto a países terceros y el deterioro de la balanza comercial.
  2. El Reglamento de Uso sostenible de los productos fitosanitarios para reducir el uso de plaguicidas en un 50% puede suponer reducciones de la producción de hasta un 25% al no disponer de herramientas que puedan sustituirlos con la misma eficacia. 
  3. El incremento de la superficie dedicada a la producción ecológica disminuirá la producción agraria de la UE y comprometerá la rentabilidad de los productores ecológicos si el incremento de la oferta no es consecuencia de la tracción de la demanda, hay previsto un 25% de suelo dedicado a producción ecológica y la demanda es del 8%.
  4. El retraso en abordar la regulación comunitaria de las nuevas técnicas de edición genética aplicada a las plantas está comprometiendo las oportunidades de los agricultores de adaptarse a la nueva situación climática (adaptación a la sequía y enfermedades emergentes) con herramientas eficaces.
  5. Por otra parte, el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera no incluye a los productos agrícolas, pero sí a las materias primas que se produzcan con combustibles fósiles como los fertilizantes, lo que supondrá un incremento adicional de costes para los agricultores, sin que haya medidas de política comercial que beneficien la competitividad de nuestros productores.
  6. En cuanto al bienestar animal, la iniciativa sobre el fin de las jaulas puede requerir inversiones en nuevas instalaciones a nivel de la UE entre los 2.100 y los 3.500 millones de euros en el caso de la producción porcina, y en la producción avícola unos 3.200 millones de euros, como mínimo, costes que difícilmente se recuperarán completamente. Al no ser la reducción de la demanda proporcional a la caída de la producción se producirá la deslocalización de ésta hacia otros países que no cumplen las normas del mercado europeo.
  7. Las normativas sobre la degradación forestal multiplican la carga económica y administrativa y amenazan la competitividad del sector ganadero, provocando perturbaciones en el suministro de materias primas.
  8. La propuesta sobre la captura de carbono en los suelos basada en la medición es muy restrictiva para la agricultura, y excluye de su ámbito de aplicación todas las actividades de mitigación, eliminando oportunidades de negocio para los agricultores que podrían aliviar los costes impuestos por las prolíficas medidas regulatorias. El régimen de comercio de los derechos de emisión es difuso y están basados en aproximaciones en cuanto a su medida. La posibilidad de sustituir cultivos productivos por improductivos afectará negativamente a la producción. Hay otras alternativas a la de convertir a la agricultura en sumidero.
  9. La regulación sobre la reducción del uso de los plásticos incorpora un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que la patronal de la industria de la alimentación y bebidas de España (FIAB) calcula que tendrá un impacto de 690 millones de euros para las empresas de este sector y el resto de la normativa sobre envases y residuos de envases podría tener un impacto en la próxima década de alrededor de 6.000-7.000 millones de euros en costes e inversiones que se tendrán que realizar, amenazando la competitividad y la supervivencia de 2.400 empresas  y más de 25.000 empleos.
  10. La Propuesta de Directiva de emisiones industriales incluye medidas para restringir las emisiones en las instalaciones industriales, incluidas las industrias agroalimentarias y las explotaciones con un determinado tamaño, que obliga a una serie de requisitos que suponen de nuevo unos mayores costes de explotación y una reducción de las producciones.
  11. La falta de una política de gestión del agua realista y acorde con la nueva realidad: En el contexto de políticas europeas es especialmente necesario el reconocimiento del déficit hídrico estructural en el Sur de España y la necesidad de acometer un plan que solvente esta situación, y reduzca la exposición al cambio climático que está llevando al campo del Sur de España a pérdidas millonarias.

Para una acción eficaz, urgente y de impacto, los empresarios han pedido al Gobierno que implemente dinero de los Fondos Next Generation que no se están aplicando a otros menesteres, para invertir en infraestructuras hídricas dado que Andalucía cuenta con los sistemas de riego más avanzados y eficientes.

El riego por goteo supones casi el 80% de la superficie de riego frente al 45% nacional. La agricultura andaluza ya ha trabajado para hacer frente a los ciclos meteorológicos con fuertes inversiones que suponen un ahorro medio de consumo de un 30%. La apuesta de las administraciones para garantizar el suministro no ha sido paralela a la de los regantes por optimizar su uso.

  1. Un estricto control de la Unión Europea sobre las importaciones procedentes de terceros países que exija a dichos países los mismos estándares de calidad que se aplican a las producciones europeas. Lo contrario es consentir la competencia desleal contra sus socios comunitarios.
  2. La nueva Ley de Cadena Alimentaria ha supuesto una carga administrativa de muy difícil cumplimento para todos los afectados sin que se hayan conseguido los objetivos perseguía.
Redaccion AenVerde

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