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En febrero, la Comisión Europea anunciaba una de sus iniciativas prioritarias para sus primeros 100 días del mandato, su «Visión» para la Agricultura y la Alimentación y así la anunciaba Ursula von der Leyen: «Nuestros agricultores ocupan un lugar central en el sistema de producción alimentaria de la UE. Gracias a su arduo trabajo diario, todos tenemos alimentos seguros y de alta calidad. Sin embargo, nuestros agricultores se enfrentan a los crecientes desafíos de la competencia global y el cambio climático. Por eso, hoy ofrecemos una estrategia integral que hace que la agricultura sea más atractiva, resiliente y sostenible».
Fruto del Diálogo Estratégico abierto a finales de la anterior legislatura, pareciera que la política europea iba a ser más favorable al sector agroalimentario, dejando atrás las protestas de los agriculores por varios países de la Unión.
Sin embargo, si bien los discursos desde las tribunas políticas alaban a la agricultura como sector estratégico, las acciones y propuestas de la Comisión van por el lado contrario. Por eso, el día 18 de diciembre, de forma consensuada a través de COPA-COGECA están convocados, al menos, 10.000 agricultores y ganaderos a decir de nuevo NO a las políticas europeas en Bruselas.
Y ya son varios los motivos que llevan, una vez más, a la protesta del campo. Uno de ellos, la nueva propuesta de Política Agraria Común con un presupuesto que se reduce entre un 20 y un 30%, pasando de 386.000 a 300.000 millones de euros.
No es un recorte nuevo. Según la UPA comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 % en 1980 a cerca del 24,6 % en 2023. Con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20%.
Para COPA-COGECA, en el que están agrupadas la mayor parte de las organizaciones y cooperativas agro-alimentarias de Europa, ya no se conforman «con simple retórica. Queremos una PAC para después de 2027 que sea sólida, que siga teniendo carácter común y que esté bien financiada».
Además, la fecha elegida para esta gran manifestación en la capital, sede de la Comisión Europea, no es casual. Horas después de esta cita, la presidenta de la CE tiene previsto viajar a Brasil para ratificar el acuerdo con Mercosur, que coincide con una sesión clave del Consejo Europeo y donde los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunirán para determinar el futuro presupuesto de la Unión.
Dicho acuerdo, junto con el de Asociación con Marruecos pueden llevar a varios sectores del agro europeo a sufrir una competencia desleal al entrar productos de terceros países con una gran asimetría en calidades y precios.
Mercosur
En el caso de Mercosur, para Von der Leyen es un acuerdo «win-win» entre Europa y los países agrupados como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; sin embargo para el sector agrario, especialmente de España, Francia y Polonia no lo es tanto, especialmente en productos cárnicos, aceites, cítricos, lácteos y vino.
Las consecuencias se reproducen como con el Acuerdo de Asociación con Marruecos: falta de reciprocidad en los estándares fitosanitarios, medioambientales y de salud animal, lo que conlleva un verdadero peligro para soberanía alimentaria, tan defendida desde los púlpitos políticos.
Se añade además una mayor huella de carbono por el largo recorrido de los productos, lo que contradice directamente el objetivo de sostenibilidad de la propia Unión Europea, y, en tercer lugar, una caída en los precios agrícolas en Europa, afectando negativamente la rentabilidad de las explotaciones, especialmente de las más pequeñas.
Marruecos
Y junto al de Mercosur, el Acuerdo con Marruecos, en donde la Comisión, como antesala a su ratificación, ha mostrado su verdadera intención de favorecer a un país tercero frente a los europeos.
Lo primero fue el «rodeo» dado para evitar las dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que anulan el acuerdo vigente y por el que Marruecos no puede introducir producto del Sáhara como propio, especialmente tomates.
Un sólo voto
Más decepcionante ha sido la votación en el Parlamento Europeo que aprobó un etiquetado «tramposo» para las hortalizas saharauis. En aquella votación se buscaba bloquear un acto delegado y así obligar a la Comisión a retirar esa objeción. Un sólo voto faltó.

Desde COEXPHAL insisten no entender que en asuntos como este primen las siglas políticas antes que defender un sector como el agroalimentario. «No entendemos cómo ante un problema que afecta a un sector económico tan importante como éste, no se haya puesto de frente a todo el arco parlamentario, al menos el español, sin importar las siglas, para defendernos de una vez de una competencia desleal de Marruecos, cada vez más sangrante», se lamentó su gerente Luis Miguel Fernández.
La esperanza está en el próximo pleno del Parlamento Europeo en enero en el que se ratificará o rechazará este acuerdo tan nocivo para el sector hortofrutícola.



