Planas apela al cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apeló ayer al cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, cuya reforma se aprobará definitivamente en el Congreso de los Diputados el jueves, 2 de diciembre.

Según el Ministerio, la norma «está llamada a ser el instrumento fundamental para hacer frente a las actuales dificultades que atraviesan aquellos sectores agrarios más vinculados al encarecimiento de determinados insumos como los fertilizantes o los piensos».

Luis Planas se reunió ayer con el conjunto de la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, industria y distribución) para hacer un análisis de la situación en un momento que ha calificado de “excepcional” por el encarecimiento de insumos, especialmente las materias primas para la alimentación animal, los fertilizantes y la energía, en los mercados internacionales.

Planas hizo un llamamiento a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley, de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena, y los instrumentos ofrecidos para que eso sea posible han sido el Observatorio de la Cadena y través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).

Tema de debate en la asamblea de FEPEX

Precisamente, durante la parte pública de la Asamblea General de FEPEX, que se celebra mañana en Roquetas de Mar, los socios directores del Departamento de Agribusiness de Garrigues, Miguel Angel López Mateo y José Ramón Tenor Peñafiel, abordarán la modificación de la Ley de la cadena alimentaria, especialmente cómo afectará a las exportaciones españolas la nueva modificación de esta ley, ya aprobada en el Senado, y que amplía su ámbito de aplicación a los operadores establecidos en otros Estados miembros de la UE y países terceros.

Los cambios introducidos

A lo lago de su tramitación, en una primera fase, en febrero de 2020, se aprobó un decreto que introdujo en la ley la obligatoriedad de que en cada operación de venta dentro de la cadena se repercutieran los costes de producción.

Con la segunda fase de la reforma, que culminará con la aprobación en el Congreso de los Diputados el día 2, se introdujo la prohibición de la venta a pérdidas y el establecimiento de prácticas comerciales desleales.

Problemas latentes

Tal y como explicó Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, en un seminario organizado por Ramón y Cajal Abogados en mayo, «los precios en el sector agroalimentario dependen de multitud de factores y de la ley de la oferta-demanda, independientemente de los costes de producción. En determinadas circunstancias, una cooperativa es un operador más del mercado, y a veces no vender no es una opción, se trata de productos perecederos y hay límites temporales que no se pueden traspasar (final de campaña). Además, cuando esta circunstancia se produce por un desequilibrio oferta-demanda, la única forma de recuperar el desequilibrio es aumentando las ventas a bajo precio para reducir la oferta. En este contexto, la ley supone una «solución que no resuelve el problema e incluso crea alguno adicional».

Por tanto, el coste efectivo de producción no garantiza que sea el coste de venta, sino que intervienen muchísimos otros factores, pero lo que sí hace es que «penaliza al que compra».

Herrero puso el ejemplo del olivar de secano, que tiene unos costes de producción más altos que otro tipo de olivar, y que con esta ley se ve aún más penalizado que antes «porque nadie va a querer comprar su producción sin caer en penalización».

 

Redaccion AenVerde

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