El sector de frutas y hortalizas, y junto a él, gran parte de la cadena alimentaria, se enfrentan desde del día 1 de enero a la entrada en vigor de una serie de reales decretos de cargas impositivas y burocratización que se suman a la ya hiperregularizada cadena alimentaria.
El primero de ellos ha puesto en pie a toda la cadena solicitando al Gobierno su aplazamiento. Se trata del Real Decreto de envases y residuos de envases, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) que va mucho más allá de la normativa europea.
Dicho decreto establece un impuesto de naturaleza indirecta y que además conlleva una serie de medidas para adoptarlo desde los productores, a los comercializadores y consumidores. En el caso de la comercialización minorista de las frutas y hortalizas, en un principio planteó su prohibición en envases de plástico para confecciones de menos de 1,5 kilogramos, y se ha modificado y vuelto más restrictivo planteando la obligación en España de la venta a granel de los vegetales frescos (prohibiendo el uso de cualquier envase por debajo del techo de 1,5 kilogramos salvo algunas excepciones.
En Italia ya han frenado una iniciativa similar, así como en Francia, en donde el Consejo de Estado ha anulado la normativa francesa en la que se ha inspirado claramente la española.
Desde toda la cadena agroalimentaria reiteran el firme compromiso de todo el sector con la sostenibilidad, pero no parece el momento con la inflación en alza y unos costes energéticos disparados que repercuten en insumos y competitividad.
Fitosanitarios
No es nuevo. Se trata de una vuelta de tuerca más al Real Decreto actual (1311/2012) pero que establece mayores exigencias a los productores como la obligatoriedad de notificar electrónicamente a la Administración todos los tratamientos realizados y productos fitosanitarios utilizados por parcela y cultivo en el plazo de un mes, estableciendo un indicador de uso individualizado para cada cultivo y año.
Muy unido al anterior se encuentra el Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Una normativa que incrementa las obligaciones del productor con nuevas normas de fertilización, la elaboración y comunicación a las administraciones de los planes de abonado para cada unidad de producción y la obligación de registrar todas estas operaciones de aporte de nutrientes en el cuaderno de explotación agrícola digital en el plazo de un mes.
Digitalizados sí o sí
Más obligaciones, más restricciones, que suponen más inversión no sólo en dinero sino en un valor tan importante como el tiempo. Ese que se llevarán los productores del sector agrario (agricultores y ganaderos) para, primero, aprender a manejar el cuaderno agrario digital y en segundo lugar, para todo el registro que exige el cuarto Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX) con el objetivo de una “planificación, ejecución y gestión eficiente de la PAC 2023/2027” y su plan estratégico según establece el proyecto.
Un nuevo elemento burocrático que obligará a registrar digitalmente todos los datos relativos a cada cultivo, variedades, destino de la producción, los citados tratamientos fitosanitarios y fertilizantes por unidad de cultivo.
Estos son los cuatro reales decretos que esperan al sector agroalimentario y especialmente al productor y comercializador de cara a un año 2023 en el que los costes siguen incrementándose, la inflación sigue en su escalada y los países terceros siguen arañando mercado en la Unión Europea. El nuevo cóctel que presiona a un sector básico está servido.
