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Es uno de los objetivos que contempla la recién aprobada Ley de Emergencia para la Protección y la Soberanía Agrícolas, publicada ayer en Diario Oficial francés, una norma de amplio alcance que busca fortalecer la producción nacional, reducir la carga administrativa que soportan los agricultores y proteger al sector frente a lo que considera situaciones de competencia desleal procedentes de terceros países.
Impulsada por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, la normativa consta de 55 artículos y se estructura en cinco grandes bloques: recuperación de la soberanía alimentaria, lucha contra las importaciones que no cumplen los estándares europeos, simplificación normativa, refuerzo de la posición de los productores en la cadena alimentaria y limitación de los recursos judiciales considerados abusivos contra proyectos agrarios.
Entre las medidas más destacadas figura la posibilidad de prohibir la importación de alimentos que contengan residuos de sustancias fitosanitarias o medicamentos veterinarios prohibidos en la Unión Europea, una herramienta con la que Francia pretende exigir a los productos importados los mismos requisitos que se aplican a sus agricultores.
La ley también obliga a que los restaurantes y comedores públicos se abastezcan prioritariamente con productos procedentes de la Unión Europea, con el objetivo de favorecer la producción comunitaria y abrir nuevas oportunidades comerciales para los agricultores franceses.
Duplicar las reservas de agua
En materia de agua, la norma apuesta decididamente por ampliar la capacidad de almacenamiento hídrico. El Ejecutivo francés se marca como objetivo duplicar las reservas de agua para uso agrícola antes de 2035 y multiplicar la reutilización de aguas regeneradas en las próximas décadas. Para ello se simplifican diversos procedimientos administrativos relacionados con balsas, embalses agrícolas y proyectos de almacenamiento.
La protección del suelo agrario constituye otro de los pilares de la ley. Francia endurece los mecanismos de compensación cuando proyectos urbanísticos o industriales afecten a la actividad agrícola y refuerza las competencias de las SAFER, los organismos encargados de preservar el uso agrícola de la tierra y regular determinadas operaciones de compraventa.
La normativa incorpora además disposiciones destinadas a reforzar la competitividad de determinadas producciones. En este sentido, permite que las autoridades científicas evalúen posibles autorizaciones temporales para el uso de dos insecticidas, el acetamiprid y la flupiradifurona, actualmente prohibidos en Francia pero utilizados en otros países europeos, con el argumento de evitar distorsiones de competencia para algunos cultivos.
Asimismo, se refuerza la información al consumidor mediante nuevas obligaciones de etiquetado sobre el origen de las carnes, pescados y moluscos utilizados en productos transformados, así como mayores exigencias de transparencia para la gran distribución respecto al peso de los productos franceses en sus compras.
Protección de las organizaciones de productores
En el ámbito económico, la ley incrementa la protección de los agricultores en las negociaciones comerciales. Se endurecen las sanciones contra quienes eludan a las organizaciones de productores, se limita a cuatro meses el plazo de negociación entre productores y compradores y se fortalecen los mecanismos que permiten trasladar los costes de producción a lo largo de la cadena alimentaria.
La nueva legislación también contempla medidas de seguridad en el medio rural, con un endurecimiento de las penas por robo, daños, ocupación ilegal o intrusión en explotaciones agrarias, además de reforzar los instrumentos de defensa de la ganadería frente a los ataques de lobos.
Según la ministra Annie Genevard, la ley responde a demandas expresadas por los agricultores franceses y pretende ofrecer soluciones «concretas y tangibles» para reforzar la soberanía alimentaria del país en un contexto marcado por la sequía, el cambio climático y la creciente presión competitiva sobre las explotaciones agrarias.
Imagen principal: Xavier Remongin/agriculture.gouv.fr
