La Comisión Europea propone que, para 2030, los Estados miembros reduzcan el desperdicio de alimentos en un 10%, en la transformación y fabricación, y en un 30% (per cápita), conjuntamente en la venta al por menor y el consumo (restaurantes, servicios de alimentación y hogares).
Esta medida surge tras conocer datos preocupantes sobre el desperdicio de alimentos en la Unión Europea. Cada año, casi 59 millones de toneladas de alimentos (131 kg/habitante), con un valor de mercado estimado en 132.000 millones de euros. Más de la mitad del desperdicio alimentario (53%) se genera en los hogares, seguidos del sector de transformación y fabricación (20%).
Combatir el desperdicio de alimentos es una triple victoria: permite ahorrar alimentos para el consumo humano y contribuye así a la seguridad alimentaria. Ayuda a las empresas y a los consumidores a ahorrar dinero y reduce el impacto ambiental de la producción y el consumo de alimentos.
«Estos objetivos pretenden hacer frente a las importantes ineficiencias e impactos medioambientales causados por el desperdicio de alimentos. La Comisión reconoce que es un problema importante en la cadena agroalimentaria, que ejerce una presión innecesaria sobre recursos naturales limitados como la tierra y el agua, y que representa el 16% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sistema alimentario de la UE», según explica Claire Bury, directora general de Sanidad y Seguridad Alimentaria.
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La introducción de objetivos de reducción del desperdicio alimentario en toda la UE tendrá muchas ventajas. «En primer lugar, contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria al ahorrar alimentos para el consumo humano. En segundo lugar, ayudará a las empresas y a los consumidores a ahorrar dinero, ya que disminuirá los residuos significa utilizar los recursos de forma más eficiente. Por último, reducirá el impacto medioambiental de la producción y el consumo de alimentos, contribuyendo así a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU», asegura Claire Bury.
El próximo paso será debatir las propuestas en el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
