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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido un total de 4,5 millones de euros en ayudas a 382 jóvenes agricultores y operadores del sector pesquero, en el marco de la primera resolución de la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA/Jóvenes. La medida, publicada este martes en la web del ministerio, tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito a los menores de 40 años, contribuyendo así a impulsar el relevo generacional en el campo y el mar.
La ayuda media otorgada alcanza los 13.713 euros por beneficiario, lo que ha permitido movilizar préstamos con un importe medio de 80.628 euros. La relación completa de beneficiarios y las cuantías individuales puede consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica del ministerio.
Esta línea, dotada con un presupuesto global de 20 millones de euros, está dirigida a titulares de explotaciones agrarias y operadores pesqueros y acuícolas que no superen los 40 años de edad. Las ayudas se articulan mediante una bonificación del 15% sobre el principal de los préstamos formalizados, con un tope de hasta 15.000 euros por beneficiario y préstamos máximos de 100.000 euros. Esto supone una reducción directa de la deuda para el joven solicitante, favoreciendo su incorporación al sector en condiciones de mayor viabilidad económica.
La concesión de estas ayudas se realiza en régimen de concesión directa y por orden de solicitud, hasta agotar el presupuesto disponible. Además, están sujetas a la normativa de mínimis, lo que implica que los beneficiarios no deben haber recibido más de 20.000 euros en ayudas similares en los últimos tres ejercicios fiscales.
El programa se enmarca en la colaboración entre el MAPA, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), y forma parte de la estrategia del ministerio para mejorar la competitividad del sector primario y promover la incorporación de jóvenes. En 2022, la línea ICO-MAPA-SAECA permitió conceder ayudas por valor de 59,6 millones de euros a 8.522 beneficiarios, lo que supuso una movilización de crédito superior a los 493 millones de euros.
