El sector agrario, en general, y el hortofrutícola, en particular, tienen cada vez más obstáculos para producir algo tan importante y necesario como son los alimentos.
A las dificultades que ya se están haciendo “habituales”: plagas o enfermedades, el clima, las oscilaciones del mercado, incremento de costos o los terceros países, se están añadiendo otras que, partiendo primero de Europa y aterrizando después en cada país, suponen un verdadero tsunami legislativo y burocrático muy difícil de asumir por el sector agroalimentario.
Por eso, y entre otras razones, el campo español ha vuelto a decir basta; claro y alto. Esta vez en Córdoba, a primeros de septiembre, ante los mandatarios europeos del ramo. Es desde las instituciones de la UE de donde están partiendo una serie de reglamentos, directivas y decisiones que sólo tienen en cuenta el paisanaje y no el paisanaje, a la postre quien más interés tiene en cuidar y mantener el origen de su renta y su vida.
Restauración de la naturaleza
Una de ellas es la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada in extremis en el Parlamento Europeo el pasado julio, previa desaprobación de las comisiones de Agricultura y Pesca, incluso la propia de Medio Ambiente.
Desde COPA-COGECA confiaban en que fuera rechazada para una nueva evaluación de impacto y buscase unos objetivos más realistas. La propuesta de ley plantea, de aquí a 2030, otorgar “protección jurídica al 30% de la superficie terrestre, incluidas las aguas interiores, y al 30% de la superficie marina de la Unión Europea, como mínimo, de los cuales al menos un tercio estará sujeto a una protección estricta, incluidos todos los bosques primarios y maduros que quedan en la UE”.
Desde el sector tienen claro que los despachos medioambientalistas de Bruselas están marcando el paso en la política agraria. El Pacto Verde, repleto de buenas intenciones, pero sin alternativas claras, puede convertirse en una quimera si no se atienden las peticiones de un sector que ve cómo se tambalea su supervivencia.
Productos fitosanitarios
Otra ola del tsunami viene en forma de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (SUR) que llega al pleno del Parlamento Europeo en octubre y establece reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030, reducción de los fertilizantes en al menos el 20% hasta ese año y destinar el 25% de las tierras agrícolas a agricultura ecológica. Una propuesta también sin alternativas a esa merma y además con falta de tiempo para investigar y buscar otras soluciones, lo que repercutirá en la producción.
Según el informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen (Países Bajos), de aprobarse según está redactado, se producirá una pérdida del 20% de la producción vegetal y ornamental, lo que provocará un aumento de las importaciones de fuera de Europa, un impacto en la soberanía alimentaria europea, una subida de precios para los consumidores y efectos sobre la sostenibilidad deseada al importar los productos desde miles de kilómetros.
Por ello, la citada universidad recomienda acelerar el desarrollo e introducción en el mercado de alternativas con ingredientes activos de bajo riesgo, investigar el uso de determinados productos fitosanitarios en situaciones de emergencia, usar indicadores más avanzados que optimicen su empleo y políticas de compensación de las pérdidas que supondrán estos cambios.
Normativas propias
A estas normativas europeas se suman las más cercanas del Gobierno de España. La aplicación del Cuaderno Digital ya se ha retrasado en varias ocasiones a la espera de que la adaptación del cuaderno agrario analógico sea lo menos traumática posible por lo engorroso de introducción de datos que conlleva.
Su entrada en vigor se prevé para el 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones con una superficie total superior a 30 hectáreas o que tengan más de 5 hectáreas de regadío o dispongan de cultivos de invernadero. Para las explotaciones de dimensiones inferiores, el nuevo plazo es el 1 de septiembre de 2025.
Otro Real Decreto, que, si bien entraba en vigor el 1 de enero de 2023 surtirá efectos a partir de 1 de enero de 2024, es el referente a la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Su objetivo: disminuir el impacto ambiental de la aplicación de productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica para que el agricultor fertilice de forma más sostenible y respetuosa con el suelo.
Y aunque el fin es loable, es una carga burocrática más, ya que el control de su cumplimiento se hace a través del cuaderno digital, en el que el propio agricultor deberá apuntar, como mucho con un mes de retraso, todas sus labores de fertilización en todos sus cultivos.
Son sólo algunas de las normas ya aprobadas y a punto de entrar en funcionamiento. Tal y como reclamaba el campo el pasado septiembre en Córdoba: la política agraria deberá virar en sus planteamientos si quieren que la alimentación aportada por los agricultores y ganaderos sea una cuestión de máxima prioridad y donde la seguridad alimentaria y la calidad sigan siendo el distintivo de este territorio llamado Unión Europea.
