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AIMPLAS ya ha atendido en lo que va de año más de 200 consultas relacionadas con el nuevo Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR), una cifra que prácticamente duplica las registradas en el mismo periodo del año pasado como consecuencia de la entrada en aplicación de la normativa el próximo 12 de agosto.
Actualmente, entre el 50% y el 60% de las consultas que recibe el departamento de Food Contact&Packaging están relacionadas con este reglamento. La mayoría responde al desconocimiento de algunos de los requisitos que establece la normativa y, especialmente, a las dudas sobre quién debe demostrar su cumplimiento y para qué materiales o tipos de envases resulta aplicable.
El PPWR establece nuevos límites para las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en los envases destinados al contacto con alimentos. A partir del 12 de agosto, fabricantes, transformadores, envasadores, importadores y marcas deberán demostrar que sus envases cumplen los nuevos requisitos mediante documentación técnica y, cuando sea necesario, con ensayos sobre el producto final.
Al hilo de ello, Joan Borras, investigador líder del laboratorio de Food Contact&Packaging, ha explicado que “en lo que va de año ya hemos atendido más de 200 consultas relacionadas con el nuevo reglamento y, respecto al año pasado, prácticamente se han duplicado. La mayoría responden a dudas sobre cómo interpretar los nuevos requisitos, qué documentación deben aportar y quién debe acreditar el cumplimiento de la normativa antes de su entrada en aplicación”.
Envases para alimentos grasos o húmedos
Los principales retos se prevén en los envases diseñados para resistir la grasa, el agua o la humedad, como determinados papeles y cartones alimentarios, envases de celulosa moldeada, envoltorios para comida preparada, bollería, snacks o productos para llevar. También pueden verse especialmente afectados los envases multicapa y aquellos que incorporan recubrimientos funcionales.
Para adaptarse al reglamento, las empresas deberán revisar toda la cadena de suministro, conocer mejor la composición de sus materiales e identificar el origen de las PFAS, ya procedan de un recubrimiento, una tinta, un adhesivo o una materia prima. Cuando se detecte un problema, será necesario buscar alternativas y validar que el nuevo envase mantiene las prestaciones necesarias para proteger el alimento.
En algunos casos, especialmente en envases de papel y cartón, la adaptación podría pasar por incorporar nuevos recubrimientos barrera de materiales plásticos que permitan cumplir los nuevos requisitos sin comprometer la funcionalidad del envase.
Los envases también podrían cambiar para el consumidor
La adaptación al nuevo reglamento también podría tener un reflejo visible para el consumidor. Algunos envases alimentarios, especialmente los de papel y cartón utilizados para productos grasos o húmedos, podrían cambiar de aspecto, tacto o composición al sustituir las PFAS por materiales alternativos.
Para cumplir con la normativa, los fabricantes deberán rediseñar algunos envases, incorporar nuevos recubrimientos barrera o modificar sus capas de protección sin comprometer la seguridad alimentaria ni la conservación de los alimentos.
Este proceso exigirá revisar materiales, homologar nuevos proveedores y realizar ensayos adicionales, una adaptación que podría traducirse en un aumento del coste de algunos envases, aunque todavía es pronto para cuantificar su impacto.
«La entrada en vigor de estos límites va mucho más allá de un nuevo requisito analítico. Obliga a revisar materiales, proveedores y diseños de envase, con posibles consecuencias tanto para la industria como para el consumidor», señala Joan Borras, investigador líder del laboratorio de Food Contact & Packaging de AIMPLAS.
Los primeros resultados son positivos
Los primeros análisis de flúor realizados por AIMPLAS arrojan, por el momento, resultados positivos: menos del 1% de las muestras ha superado el límite legal establecido. Sin embargo, cuando un envase presenta determinados resultados, es necesario completar el estudio con análisis adicionales antes de confirmar el cumplimiento de la normativa. Por ello, todavía es pronto para extraer conclusiones y habrá que esperar hasta finales de año para disponer de una visión más completa.
