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La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, se ha reunido este viernes con las organizaciones agrarias profesionales y con cooperativas agroalimentarias para seguir abordando el diseño de las ayudas que la administración andaluza va a destinar para el campo andaluz para paliar los daños en la medida de lo posible tras el tren de borrascas.
“El objetivo es que el sector esté informado de todos los avances que se están realizando al respecto y, sobre todo, que intercambien opiniones con la consejería para que el diseño de estas ayudas sea lo más certero posible”, ha explicado la viceconsejera.
En este sentido, Vera ha destacado la importancia que tiene el sector en el diseño de estas ayudas y la necesidad de que estén informados desde el principio. “Las organizaciones agrarias profesionales y cooperativas agroalimentarias son los ojos de la administración en el territorio, por lo que sus recomendaciones son esenciales para diseñar ayudas lo más adecuadas posibles a las necesidades que tenemos. Su voz es importante y así lo dejaremos patente en la configuración de estas subvenciones”, ha sostenido.
Al respecto, la viceconsejera ha hecho un repaso de todas las medidas que se han llevado a cabo por la Junta de Andalucía desde el comienzo de este rio atmosférico, que ya ha ocasionado daños graves en 33.000 explotaciones agrarias y ganaderas con más de 242.000 hectáreas inundadas, si bien aún se siguen declarando daños.
Decreto Ley
Entre las diferentes acciones puestas en marcha, ha destacado la declaración de desastre natural en toda la comunidad andaluza y la aprobación de una serie de actuaciones recogidas en un Decreto Ley para agilizar los trámites, aumentar la eficacia administrativa; así como optimizar y racionalizar los recursos para prestar el mayor apoyo posible a los profesionales del campo.
Por último, ha hecho referencia al ‘Plan Andalucía Actúa’ puesto en marcha por la Junta de Andalucía que, en el caso del sector primario, se destinarán casi mil millones de euros, de los cuales 700 son para las indemnizaciones de agricultores y ganaderos, 120 millones de euros para la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío, 136 para reparar daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación; así como 31 para pérdidas en el sector de la pesca y la acuicultura.
