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Qué ofrece cada partido al agro ante el 29-N

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Los programas del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio comparten algunos temas troncales que afectan a la agricultura como la defensa de la renta agraria, pero difieren en algunos de los instrumentos para protegerla y en el modelo de agricultura que quieren impulsar.

Las diferencias van más allá de unos presupuestos. Afectan al reparto de las ayudas europeas, a la relación entre agricultores y distribución, a las relaciones con Bruselas, los recursos hídricos, la competencia con otros países, agricultura ecológica o la PAC.

La cadena alimentaria, entre costes, márgenes y precios

El PP propone reformar con el sector la Ley de la Cadena Alimentaria para mejorar la información sobre costes y márgenes. Acompaña esa medida con el impulso a la unión de cooperativas y organizaciones de productores, con la intención de reforzar su capacidad de negociación en compras y ventas. Para frutas y hortalizas, ambas líneas apuntan al mismo problema: la posición del productor a la hora de negociar el valor de la cosecha.

Frente Amplio pone el acento en el cumplimiento de la ley, con inspecciones de oficio y sanciones contra la venta a pérdidas en origen para garantizar una remuneración por encima de los costes efectivos. Añade un gravamen a los márgenes excesivos de las grandes empresas de producción y distribución y topes en la cesta básica condicionados a emergencias o abusos acreditados. Su propuesta combina, por tanto, protección del precio en origen e intervención sobre el precio al consumidor.

El PSOE plantea reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para investigar mercados concentrados y vigilar la formación de los precios alimentarios. También quiere asegurar que las rebajas del IVA de los alimentos básicos se trasladen al precio final. Es una vía de vigilancia de la competencia y de los márgenes, distinta de la reforma de la Ley de la Cadena que defiende el PP.

Más recursos hídricos o límites al crecimiento del regadío

El agua marca una de las divisiones más claras. El PP propone un Pacto Nacional del Agua con inversiones de hasta 40.000 millones de euros hasta 2030. Incluye modernizar embalses y conducciones, renovar regadíos para reducir el consumo de agua y energía, definir otros nuevos y ampliar la reutilización y la desalación donde sea necesaria.

El PSOE también apuesta por la desalación y la reutilización, vinculadas a energías renovables, y por modernizar los regadíos, aunque fija como condición no aumentar el consumo total de agua. Plantea además bancos públicos de agua en las confederaciones hidrográficas para mejorar la gestión y reasignación de los recursos y prevenir la sobreexplotación.

Frente Amplio propone frenar el crecimiento de la demanda de regadío y crear un canon hídrico progresivo para el regadío industrial en zonas con acuíferos sobreexplotados o contaminados. También defiende una moratoria de grandes infraestructuras hidráulicas que agraven la sobreexplotación. Para las explotaciones de regadío, el debate enfrenta así la generación de nuevos recursos y la modernización con distintas condiciones de acceso y límites al consumo.

Por su parte, VOX propone un Plan Nacional de Agua, con la interconexión de todas las cuencas, impulsar y modernizar los regadíos y la producción de energía.

Importaciones, etiquetado y dos posiciones ante Mercosur

La competencia exterior reúne coincidencias en los controles, pero no una respuesta única. El PP exige que los alimentos importados cumplan condiciones de seguridad alimentaria y producción equivalentes a las españolas, con más controles fronterizos y salvaguardas cuando proceda. El PSOE reclama reciprocidad ambiental, sanitaria y laboral, además de reforzar el control de las importaciones.

Vox propone cláusulas espejo, recuperar la preferencia comunitaria y aumentar los controles en frontera y la lucha contra el fraude en el etiquetado. Este último punto conecta con la identificación del origen y la preocupación del sector por los reetiquetados fraudulentos. La formación rechaza expresamente el acuerdo UE-Mercosur y los acuerdos que obliguen a los productores a competir en desigualdad de condiciones.

Frente Amplio aborda Mercosur desde su aplicación, con fiscalización de los compromisos laborales, ambientales y de derechos humanos y activación de salvaguardas cuando las importaciones agrarias generen competencia desleal. Para los productores hortofrutícolas, la diferencia está tanto en las exigencias a terceros países como en la respuesta comercial que cada formación propone ante esa competencia.

El ecológico parte de una realidad distinta en Andalucía

Frente Amplio fija el objetivo de alcanzar al menos un 25 % de superficie agraria útil en producción ecológica en 2030 y el 100 % en 2050. El punto de partida es desigual: en 2025, Andalucía destinó a producción ecológica el 29 % de su superficie agrícola útil, excluidas las zonas forestales ecológicas, según la Junta. El informe del Ministerio de Agricultura para ese mismo año sitúa el porcentaje nacional en el 13,48 %, un dato provisional calculado con la SAU total española de 2023. Son porcentajes del conjunto de la superficie agraria útil, no de la superficie hortofrutícola.

Andalucía supera así el umbral del 25 %, aunque ese dato agregado no significa que todos sus cultivos hayan llegado al mismo nivel. Frente Amplio acompaña su objetivo con reducciones vinculantes de plaguicidas, fertilizantes sintéticos y antimicrobianos y una reserva del 10 % de espacio para la biodiversidad. También propone un etiquetado europeo que favorezca la producción extensiva frente a la intensiva, una orientación relevante para el debate sobre los modelos productivos.

El PSOE plantea una Estrategia Nacional de Alimentación Ecológica. Vox, en cambio, centra su oferta en eliminar las cargas burocráticas y ambientales que atribuye a las políticas comunitarias y crear un fondo de compensación por el impacto de las normas de Bruselas, los desastres naturales y otras circunstancias adversas. Son enfoques distintos sobre cómo repartir los costes de la adaptación del campo.

Una PAC suficiente, pero con distintos destinatarios

El PP promete mantener la financiación de la PAC sin recortes en el marco europeo 2028-2034 y mejorar los seguros agrarios, además de crear un seguro de ingresos frente a alteraciones del mercado. El PSOE defiende una PAC fuerte y suficiente, priorizando explotaciones profesionales, familiares y de pequeña y mediana dimensión, y una Ley de Agricultura Familiar y Profesional con medidas de modernización, seguros, integración cooperativa y relevo generacional.

Vox rechaza la reducción del presupuesto de la PAC y propone que su reparto incorpore una variable que prime la despoblación. Frente Amplio quiere eliminar los derechos históricos, reorientar las ayudas hacia explotaciones familiares de pequeña y mediana escala y excluir a fondos de inversión y grandes sociedades mercantiles. La coincidencia en defender al campo no se traduce, por tanto, en un mismo criterio sobre quién debe recibir el apoyo público.

El empleo y la continuidad de las explotaciones completan la agenda. El PP propone agilizar la contratación en origen y anticipar a los jóvenes hasta el 70 % de la ayuda de incorporación de la PAC. El PSOE incluye la contratación en origen en su política migratoria y propone bancos de tierras; Frente Amplio también plantea un banco público de tierras, con prioridad para jóvenes y explotaciones familiares y sociales. Vox añade apoyo a la incorporación de jóvenes, a las cooperativas y a la formación profesional agraria.

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Estas son las propuestas de los cuatro partidos ante temas clave para el futuro del sector agrícola. Ahora sólo queda conocer quienes de ellos las podrán aplicar. Eso se sabrá el próximo 29 de noviembre.

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Redaccion AenVerde

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