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La Mesa Social del Agua de Andalucía ha enviado un comunicado para manifestar su solidaridad con todas las víctimas y damnificados por las inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos de estas últimas semanas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña.
En su escrito recuerdan que las lluvias de estas últimas semanas, aunque han producido daños en algunas comarcas, como en el campo de Dalías, Levante de Almería, Valle del Guadalhorce y parte de la cuenca del Guadalete, «han sido en general beneficiosas en gran parte de Andalucía. Sin embargo, no podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía meteorológica y la situación de escasez de agua estructural, que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía».
Aún así, no han sido suficientes para resolver las situaciones de alerta
incluso emergencia de algunas zonas de Andalucía, especialmente en las Cuencas
Mediterráneas, como la Axarquía. Es necesario no perder la perspectiva que la
sobreexplotación, que volverá a ponerse de manifiesto tras las lluvias, y el deterioro de la salud de los ríos, humedales y acuíferos están en la base de la profunda crisis
estructural del agua en Andalucía. «Hay que insistir en esta idea clave: Andalucía está sometida a una crisis de escasez, acentuada por lluvias irregulares, a veces
torrenciales, y olas extraordinarias de calor, como consecuencia del cambio climático».
La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias de unas
comarcas a otras, sobrepasa la disponibilidad del recurso actual. El déficit es estructural, y se mantiene a duras penas, en muchos casos, por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas. No podemos, y tampoco debemos, esperar a que episodios de lluvias extraordinarias vengan a aliviar la situación. Ante la indiscutible realidad del cambio climático, y la larga experiencia de crisis hídrica acumulada hay que redefinir el modelo de gestión del agua en Andalucía.
«Es inaceptable que, salvo los acuíferos de Campo de Dalías y Doñana y alguna otra excepción, ninguna otra masa de agua subterránea esté declarada sobreexplotada de acuerdo con los planes hidrológicos vigentes que deben, entre otras cosas ordenar y racionalizar el uso del agua sin poner en riesgo el mantenimiento de los ríos, humedales y acuíferos. Es necesario mejorar la gestión de los recursos subterráneos, para lo que es clave implicar a los usuarios a través del impulso de la gobernanza con la creación de órganos de decisión, así como una mejora del conocimiento sobre la cantidad y calidad de las aguas subterráneas».
Supervivencia de la agricultura
Todas las medidas para afrontar los objetivos de la gestión del agua en relación con la protección del medio ambiente, los abastecimientos urbanos, la garantía al regadío, o la gestión del riesgo de inundación, se deben modular con criterios sociales, salvaguardando los derechos fundamentales de los sectores vulnerables, y de manera significativa la supervivencia de la agricultura familiar, social y profesional.
Hay que poner en marcha el escudo social necesario para hacer frente a los impactos tanto de sequías como de inundaciones en las condiciones vitales y laborales de la población trabajadora, afectada por la pérdida de empleos y el deterioro de sus condiciones de vida. No se puede olvidar el impacto sobre el propio derecho humano al abastecimiento (cortes de suministro, deterioro de la calidad) y saneamiento (destrucción de redes y depuradoras) como estamos viendo en muchos lugares, tanto por sequía como por inundaciones. Todo esto solo se podrá realizar desde una apuesta por una política fiscal que sostenga un sistema público capaz de prever y actuar eficazmente.
Política del agua
La política del agua necesita más interacción, diálogo y compromiso social para
superar las deficiencias y desequilibrios en los procesos de toma de decisión y
gobernanza del agua. Hay que defender y apoyar la información científica y técnica, no gobernar al margen de las evidencias. Hace falta reforzar en la sociedad el debate y el compromiso social, la información veraz, la necesaria labor pedagógica, el combate contra la desinformación y la participación pública eficaz.
En estos momentos de conmoción por la tragedia consideran que es necesario reforzar la idea de que «debemos de planificar más rigurosamente los riesgos que producen tanto las inundaciones como las sequías, intensificadas por el cambio climático, con el objetivo de minimizar los daños sobre las personas, los bienes y los propios ecosistemas».
Entre las adaptaciones, consideran necesario eliminar viviendas, construcciones e infraestructuras en zonas de alto riesgo de inundación, implementar medidas de retención de agua en los espacios agrarios e implantar sistemas de drenajes sostenible en las ciudades. «Será una tarea difícil, de larga implementación, que requerirá participación y consenso de todos los afectados, pero ineludible si no queremos repetir, y aún aumentar, los impactos de las inundaciones», aseguran en su comunicado.
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En su opinión, «la gravedad de las inundaciones también están relacionados con el avance de la aridez y la pérdida de suelos, que deben paliarse sistemas de cultivo adaptados al terreno y con planes de mantenimiento y recuperación de masas forestales, así como forestaciones que contrarresten los efectos del cambio climático, sobre todo en zonas litorales especialmente vulnerables».
