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La inmigración y el invernadero

trabajador en invernadero

Almería se encuentra situada en la frontera más desigual del mundo, aún más que la de México y EEUU. El PIB per cápita de Marruecos es de 2.832 dólares y en España es de 26.528 dólares, una diferencia más de 1 a 9. El PIB per cápita de México es de 8.200 dólares y en EEUU es de 57.466 dólares, una diferencia de 1 a 7. Esto provoca una presión migratoria sin igual que genera efectos evidentemente no deseados pero muy difíciles de evitar.

De hecho, en 2018 un total de 59.048 migrantes llegaron a España de manera irregular, lo que supone un 129% más que el año pasado. La entrada por mar se ha incrementado un 165%. El Mediterráneo español se ha convertido en la primera frontera migratoria de Europa.

Toda esta situación hace que, por desgracia, el fenómeno del chabolismo sea difícil de erradicar, más cuando es imprescindible proteger los derechos básicos de todos los migrantes. Cualquier inmigrante, documentado o no, tiene acceso a la asistencia sanitaria porque en España la atención médica es pública y universal. Cualquier inmigrante con hijos tiene derecho a la educación pública gratuita e incluso a una renta de inserción.

Sin embargo, los focos de chabolismo surgidos en la provincia de Almería no son imputables a los productores hortícolas del sureste de España que han sido capaces de dar empleo legal a más de 40.000 inmigrantes y a más de 70.000 españoles gracias a los invernaderos solares.

El sector hortícola se ha desarrollado gracias al compromiso y el sacrificio de miles de agricultores y también al trabajo de los inmigrantes de más de 120 nacionalidades diferentes.

Por ejemplo, hoy en día Almería es la primera provincia española en porcentaje de población extranjera (19,7%). Los agricultores saben este hecho y aprecian su apoyo, por eso quieren que los trabajadores disfruten de las mejores condiciones posibles y se sientan cómodos.

Por otro lado, en Almería como en el resto de España la contratación de inmigrantes ilegales es una práctica perseguida penalmente. Al respecto, la ley española es muy dura, puesto que establece sanciones económicas de hasta 100.000 euros y penas de cárcel de hasta 5 años para los empresarios que empleen extranjeros sin permiso de trabajo, lesionando sus derechos laborales (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero). Si algún trabajador no dispone de contrato laboral escrito, la ley presume su contratación indefinida.

La agricultura ha hecho mucho por los miles de inmigrantes que han llegado a la zona, y sólo ha aportado soluciones. No se debe identificar el invernadero con una problemática mucho más amplia que muchos olvidan porque les queda demasiado lejos, más al sur.

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