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OIKOS, entidad independiente que tiene como objetivo la protección del medio ambiente como fuente de riqueza para nuestras sociedades, propone crear una Autoridad Nacional del Agua que lidere un nuevo modelo de gobernanza y afronte los nuevos retos climáticos, lastrados por un déficit anual de 3.000 millones de euros, entre el 75 y el 85% de las necesidades de renovación de infraestructuras de nuestro país.
En su informe ‘El Agua en España’, que se presentará esta tarde a las 18:30 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, esta institución señala que reducir la dispersión competencial redundaría en una gestión más eficaz y con mayores niveles de consenso.
Así, propone una reforma profunda del marco de gobernanza que incluya una mayor racionalización de las competencias alrededor del agua, un refuerzo de las capacidades técnicas y el capital humano supervisor, así como una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Esta reforma de la gobernanza pasa también por modernizar y fortalecer las confederaciones hidrográficas y por la creación de un fondo nacional que permita modernizar redes, construir desaladoras, aumentar la reutilización, así como avanzar en el impulso de otras soluciones que requieren las infraestructuras de nuestro país.
El aumento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, tanto sequías como inundaciones, evidencian la necesidad de adaptarse a nuevas realidades hídricas que den respuesta al cambio climático.
“Las inundaciones y las sequías son las dos caras de la misma moneda del cambio climático y España arrastra un déficit inversor en infraestructuras hidráulicas que nos permitirían prepararnos mucho mejor frente a estos fenómenos cada vez más extremos”, explica Toni Timoner, cofundador de OIKOS y coordinador de este informe. “En muchas Confederaciones Hidrológicas, el grado de ejecución de las inversiones previstas es notablemente bajo, por debajo del 50%, para las obras y proyectos identificados como críticos para mitigar el riesgo de inundaciones” sostiene Timoner.
En su informe, OIKOS pone de manifiesto que las pérdidas de agua en las redes de distribución de agua potable llegan a alcanzar el 25% del agua suministrada frente al 10% de referencia internacional considerado mejor práctica, con consecuencias como un aumento de los costes para usuarios finales y una reducción de la disponibilidad de agua para otros usos.
Estas pérdidas son muy distintas entre comunidades. Extremadura y Castilla-La Mancha con altos índices de estrés hídrico, presentan pérdidas por encima del 30%, mientras que Canarias, Andalucía y Baleares superan el 25%. Solo la Comunidad de Madrid (13%) se acerca al objetivo internacional.
La agricultura utiliza el 60% del agua consumida en España pero representa un sector clave para la economía al producir el 14% del valor económico de la producción agraria total de la UE y hasta el 23% en hortalizas y frutas.
El potencial de la desalación fotovoltaica
OIKOS señala la alta vulnerabilidad del regadío por su dependencia de un recurso cada vez más escaso como el agua, pero subraya su alto valor añadido y su papel estratégico como motor de crecimiento económico, de creación de empleo y de fijación de población, en especial en zonas rurales.
La desalación fotovoltaica, en su opinión, puede hacer competitiva la práctica totalidad de los cultivos y señala que podría ser una solución efectiva especialmente para toda la cuenca mediterránea, permitiendo abordar de manera efectiva el grave problema de los pozos ilegales y la sobreexplotación de acuíferos particularmente en zonas con alto índice de explotación de agua.
“Con un impacto ambiental mínimo, la desalación proporciona un suministro de agua robusto, estable y seguro, siendo una tecnología consolidada y viable tanto técnica como económicamente”, añade el informe.
Decálogo de recomendaciones
Las medidas anteriores forman parte de un decálogo de recomendaciones que se completa con otras propuestas como la captación de fondos europeos para la mejora de las infraestructuras hídricas, la aceleración de la ejecución de las inversiones en ellas, el avance hacia un sistema tarifario equitativo o el desarrollo de un PERTE digital que permita una medición y análisis nacional integral de los balances hídricos.
Otra de sus propuestas es establecer estrategias para alcanzar más del 90% de reutilización de aguas residuales tratadas, articular un nuevo Plan Hidrológico Nacional que unifique y coordine los planes de las cuencas, promover el riego por goteo y la adaptación de cultivos a las nuevas condiciones climáticas, así como desarrollar un mercado competitivo del agua desalada.
