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Algo se va moviendo en la gran estructura burocrática de la Unión Europea y hoy la Comisión Europea ha presentado una serie de medidas y cambios en las normas de la Política Agrícola Común «que aliviarán a los agricultores de esta carga regulatoria y estimularán la competitividad», aseguran en su comunicado.
Estos cambios implican:
Pagos más fáciles para los pequeños agricultores
- El límite del pago único anual para los pequeños agricultores aumentará de 1.250 a 2.500 euros.
- Los pequeños agricultores estarán exentos de ciertas normas ambientales y podrán beneficiarse de pagos que recompensen la agricultura ecológica.
Requisitos y controles ambientales simplificados
- Las granjas ecológicas certificadas se considerarán automáticamente como que cumplen algunos de los requisitos ambientales de la UE para su financiación.
- Los agricultores podrían beneficiarse de incentivos para proteger las turberas y los humedales.
- Los controles se agilizarán mediante satélite y tecnología y se limitarán a un control in situ al año por explotación.
Gestión de crisis reforzada
- Los agricultores de la UE afectados por desastres naturales o enfermedades animales recibirán apoyo mediante nuevos pagos de crisis y herramientas de gestión de riesgos más flexibles y accesibles.
- Los países de la UE se beneficiarán de una mayor flexibilidad a la hora de adaptar sus planes estratégicos de la PAC, y solo se requerirá la aprobación previa de la Comisión para las modificaciones estratégicas.
Mayor competitividad y digitalización
- Los pequeños agricultores pueden aprovechar una nueva opción de financiación sencilla que ofrece hasta 50.000 € en un solo pago para ayudarles a hacer crecer sus explotaciones.
- Se animará a las administraciones nacionales a desarrollar sistemas digitales interoperables, de modo que los agricultores solo tengan que presentar sus datos una vez, a través de un único sistema, ahorrando tiempo y reduciendo costes.
Este paquete de simplificación se basa en medidas similares ya introducidas por la Comisión en 2024 y representa un resultado clave de la visión para la agricultura y la alimentación de la UE presentada en febrero de 2025.
El proceso continuará a finales de este año con un paquete de simplificación legislativa transversal, dirigido a otras políticas que afectan a los agricultores, las empresas agroalimentarias y las administraciones.
