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Así lo ha anunciado la secretaria general del Ministerio de Agricultura, Ana Rodríguez Castaño en el marco del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, reunido, ayer, en Madrid.
El fin es dotar a la Agencia de mayores recursos, incluidos de personal, con el fin de intensificar la actividad de control de la Agencia en 2025.
Según el documento sobre las “Líneas XII Plan anual de control de AICA en 2025”, los principales objetivos de las líneas de actuación para 2025 son planificar de manera estratégica las actuaciones dirigiendo los controles a una muestra de operadores seleccionada en base a la evidencia y a los riesgos detectados en años anteriores, centrar las investigaciones en los sectores/productos con más riesgo de que se produzcan incumplimientos y realizar controles que tengan un mayor alcance.
Principalmente serán objeto de control aquellos operadores a los que los criterios de riesgo e indicios detectados y recibidos señalen como más susceptibles de cometer algún incumplimiento, y cuyo efecto pernicioso afecta a un número más grande de operadores (proveedores) por su tamaño y relevancia económica, persiguiendo que el cese de los incumplimientos tenga una repercusión mayor y una mejora en el funcionamiento global de la cadena alimentaria.
Otros objetivos serán también que los controles y sus consecuencias tengan mayor efecto disuasorio, fomentar la colaboración de los operadores del sector con AICA y realizar un seguimiento a los operadores reincidentes.
Por último, se pretende lograr una mayor seguridad jurídica en las relaciones comerciales con los productores primarios y sus agrupaciones a través de la utilización de las posibilidades de control que brinda el Registro de Contratos Alimentarios.
