El Senado ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y que incluye la prohibición de venta a pérdidas. Queda su trámite definitivo en el Congreso.
La modificación de la Ley se adapta la normativa a la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas del sector agroalimentario.
Entre las enmiendas figura una del Partido Popular, que recoge las condiciones de los pactos entre proveedores y compradores sobre actividades promocionales, y de otra de Compromís sobre el plazo de seis meses para la entrada en vigor de determinadas obligaciones de las cooperativas y otras asociaciones, que se puedan adaptar a la nueva norma.
El portavoz socialista de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva, ha destacado el «diálogo constante y fluido» que han mantenido con el sector y los grupos parlamentarios con vistas a crear una «nueva cultura de generación de precios» que ayude a crear empleos dignos en la cadena alimentaria y evitar la destrucción de valor en todos los eslabones.
Cómo calcular los costes
Sin embargo, desde el PP, Jorge Martínez Antolín se ha mostrado en contra de la «inseguridad jurídica» que genera la ley por la falta de un instrumento legal para calcular los costes de producción, mientras que el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha lamentado que las explotaciones agrarias sigan perdiendo competitividad.
Por su parte, ERC, PNV y Junts per Catalunya han tachado de «insuficiente» una norma que busca garantizar los precios por encima de los costes de producción en toda la cadena alimentaria.
Los senadores han dado su visto bueno al resto del proyecto de ley por 120 votos a favor, 19 en contra y 117 abstenciones.
