El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que desarrolla el registro de contratos alimentarios de carácter digital en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, en cumplimiento de la Ley la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021.
Según informan desde el Ministerio, el Registro de Contratos Alimentarios incrementará la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, ya que, según argumentan, «facilitará las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de cadena alimentaria en el ámbito de sus competencias».
En este marco, el real decreto aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios que, según la Ley de la Cadena, corresponde a los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones.
Aclara que la inscripción en dicho registro debe realizarse antes de la entrega de los productos objeto del contrato, así como cuando se produzcan modificaciones del contrato pactadas por ambas partes.
Inscripción disponible a partir del 31 de enero
El registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estará adscrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios. El acceso se realizará a través de la página web de AICA desde el enlace que se habilitará para su acceso cuando el real decreto entre en vigor, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, y con la finalidad de garantizar la operatividad de la aplicación electrónica del registro y asegurar que los operadores tengan margen para disponer de los recursos necesarios, la norma aclara que se podrá realizar la inscripción de los contratos alimentarios desde el próximo 31 de enero de 2023, si bien no tendrá carácter obligatorio hasta el 30 de junio de 2023.
