El Gobierno envía el Plan Estratégico de la PAC a Bruselas

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó ayer al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año 2023 que el Gobierno remitirá hoy, día 29, a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos.

Planas ha destacado que el plan está “suficientemente dotado para afrontar los grandes retos del sector”, con 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural.

Según el ministro, España contará con política agraria más justa, más social y más sostenible para potenciar un sector agroalimentario que es estratégico en la economía nacional y que habrá una mejor distribución de los fondos entre los agricultores y ganaderos.

El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad.

La entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico, que debe realizarse antes del 1 de enero de 2022, supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas, entre otros, para definir el contenido de la propuesta.

Aplicación de la PAC en el 2023

Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico. Se prevé que la Comisión lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

Desde el Ministerio informan que la PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.

Además, el plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional, ya que como ha señalado el ministro está previsto que en la próxima década se jubilen las dos terceras partes de los agricultores en activo.

Además, por primera vez se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en nuestro sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.

El ministro ha resaltado también que la nueva PAC fomenta la innovación y la digitalización del sector agrario, lo que redundará en una mejora de la rentabilidad de las explotaciones. El ministro ha recordado que aunque España es uno de los principales perceptores de ayudas de la PAC, el apoyo representa el 20% de la renta de los agricultores y ganaderos, cuando en otros países llega al 30%.

Se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas (Biodiversidad y Cambio Climático) y de la propia hoja de ruta establecida en el “Pacto Verde Europeo”.

Algunos de estos objetivos son la reducción de emisiones, el incremento del papel de sumidero de carbono, el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y las reducciones del empleo de productos fitosanitarios, de la pérdida de nutrientes del suelo y del uso de fertilizantes y de antimicrobianos en la cría del ganado. En el caso concreto de España, la lucha contra la desertificación y la erosión, la mejora de la estructura de los suelos y su contenido en materia orgánica o el mantenimiento de la elevada biodiversidad ligada a hábitats agrarios, son necesidades que cobran una importancia  relevante. La propuesta que se va a presentar a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.

Ley para su aplicación

El Consejo de Ministros aprobó también un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.

El informe presentado por el ministro ayer está disponible en el este enlace.

 

Redaccion AenVerde

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