El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023 en el que se detalla que los cultivos extensivos y los pastos son los sectores más perjudicados de la agricultura y la ganadería.
La sequía ha afectado de manera directa a los árboles y producción de frutales, tanto por la falta de lluvias como por las restricciones de agua para riego. De esta forma, en fruta dulce se han obtenido productos de menor calibre, que perciben menores cotizaciones en el mercado e inciden negativamente en la rentabilidad de las explotaciones. En algunos cultivos hortícolas la falta de agua ha producido una disminución muy significativa de la superficie sembrada.
En el caso del tomate de industria, en Andalucía apenas se han sembrado 1.700 hectáreas, cuando lo habitual está en torno a las 6.600 hectáreas.
En cuanto al olivar, se espera una campaña algo mejor que la anterior. La evolución de la situación climática en las próximas semanas será determinante para la nueva campaña del aceite que empieza el 1 de octubre.
Las perspectivas de producción de uva de vinificación han mejorado algo tras las recientes lluvias. La escasez de precipitaciones desde los primeros meses del año con temperaturas más elevadas de lo habitual, además de los episodios de granizo, tormentas y heladas primaverales, o ataques de mildiu en algunas regiones, hacían prever una cosecha inferior a la del año pasado. El sector maneja un nivel de producción en el entorno de 36 millones de hectólitros de vino, frente a los 41 millones de la campaña pasada.
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Indemnizaciones seguros agrarios
La sequía está contemplada dentro de los seguros agrarios en la gran mayoría de los cultivos que se desarrollan en secano: herbáceos extensivos (cereales, leguminosas, girasol), uva de vinificación, olivar, almendro, remolacha azucarera y algunos cultivos forrajeros.
Con la proliferación de fenómenos climatológicos adversos, 2023 va a ser el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario. Se estima que las indemnizaciones sobrepasarán en el conjunto del año los 1.000 millones. De esta cantidad, 460 millones se destinarán a cultivos siniestrados por la sequía, de los que en el mes de agosto se habían abonado ya más del 90%.
Medidas adoptadas por el Gobierno
El Gobierno ha arbitrado un paquete de medidas para ayudar a agricultores y ganaderos a afrontar las consecuencias de la sequía y las derivadas de la guerra en Ucrania. El Real Decreto-ley 4/2023 incluía ayudas directas por importe de 636,7 millones (355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura, y 5 millones para la apicultura).
A este montante se suman los 81 millones asignados por la Comisión Europea del fondo de reserva de crisis, conseguidos a petición de España junto a Francia y Portugal y apoyado por el resto de Estados miembros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado los mecanismos para el pago de estas ayudas, que podrán efectuarse en octubre.
Este real decreto incluía también la ampliación en 40,8 millones de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios, que se sitúa ya en 358 millones.
Además, se amplió en 20 millones la dotación de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables a los sectores agrario y pesquero. Igualmente, se amplió en 3 millones la línea de ayuda a la financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
El decreto de sequía contemplaba también medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a las explotaciones agrarias que sufran en este ejercicio una pérdida del rendimiento bruto de al menos el 20%.
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Estas medidas se suman a diversas iniciativas de apoyo al sector adoptadas desde el decreto de sequía de marzo de 2022 y los sucesivos por la guerra de Ucrania. En resumen, el Gobierno ha arbitrado ayudas directas y otras medidas de apoyo para el sector agrario y pesquero por un valor en torno a 4.000 millones de euros, una cantidad sin precedentes.
