La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) ha comunicado que las medidas pactadas con el Comité Nacional del Transporte por carretera para la elaboración del Real Decreto Ley del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para la regulación del transporte por carretera, van a tener graves consecuencias para el tejido empresarial, ya que ponen en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor.
Según AECOC, dicho acuerdo perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas. son de muy difícil cumplimiento y van a generar tensiones innecesarias en el sector.
Según AECOC, «es incomprensible e intolerable que se aprueben, vía Real Decreto Ley, y en tan corto plazo, medidas de tanto calado e impacto en el sector, sin contar con la parte que debe implementarlas y soportarlas».
En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5tn que recoge la futura ley, AECOC considera que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio -especialmente las pymes-, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad.
En opinión de la Asociación, es un grave error que no se admita que esta cuestión forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes. Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos.
Precio del combustible
En cuanto a la revisión del precio del combustible es importante destacar que ya actualmente se contempla la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, permitiendo el libre acuerdo entre las partes. El Real Decreto Ley elimina, también en este caso, la posibilidad de acuerdos bilaterales entre las partes, lo que implica que todas las empresas con contratos de transporte han de renovar las condiciones económicas de acuerdo a las fórmulas fijadas por la Administración en la Condiciones Generales de Contratación.
AECOC está de acuerdo en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del combustible, no obstante, «entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la Administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto. Las fórmulas planteadas por la administración no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida», relata la asociación en su comunicado.
AECOC ha trasladado al MITMA su preocupación ante las medidas previstas y ha solicitado un encuentro con la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar el verdadero impacto de la normativa sobre las empresas.
Atentos desde Fenadismer
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha mostrado su inquietud por que la redacción final del Real Decreto no responda a la letra y el espíritu de los acuerdos que alcanzaron en diciembre.
«De ocurrir así, el sentimiento de haber sido engañados como consecuencia de presiones extrañas» afirman desde Fenadismer -refiriéndose ‘al lobby de empresas cargadoras’- podría tener un efecto demoledor, de consecuencias imprevisibles, en el sector. Habida cuenta de que esos compromisos sirvieron para poner fin a una convocatoria de paro nacional de transporte en los días previos a la Navidad.
El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha sentenciado que «no aceptará ningún texto que no recoja taxativamente la integridad de lo acordado”.
