El Parlamento Europeo ya está listo para iniciar negociaciones con el Consejo sobre cómo puede quedar la Ley de Restauración de la Naturaleza, con un trámite que ha tenido que llegar al plenario siendo rechazada en las respectivas comisiones.
El Parlamento adoptó hoy su posición sobre la ley de restauración de la naturaleza de la UE con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones. No se aprobó una votación para rechazar la propuesta de la Comisión (312 votos contra 324 y 12 abstenciones).
Según los eurodiputados que han aprobado la proposición, destacan que el proyecto de ley no impone la creación de nuevas áreas protegidas en la UE ni bloquea la nueva infraestructura de energía renovable, ya que agregaron un nuevo artículo que subraya que tales instalaciones son abrumadoramente de interés público.
Aplicación
Desde el PE aseguran que la ley solo se aplicará cuando la Comisión haya proporcionado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo y cuando los países de la UE hayan cuantificado el área que debe restaurarse para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat.
Noticia relacionada: Agricultores de 20 países europeos dicen No a la Ley de Restauración de la Naturaleza
El Parlamento también prevé la posibilidad de posponer los objetivos bajo consecuencias socioeconómicas excepcionales.
El ponente César Luena ha desmentido que esta ley conlleve una reducción de la superficie agraria. «Ese ha sido el gran bulo, la gran mentira. Eso no se va a hacer y no permitiremos que suceda eso».
Manifestación de agricultores
Previo a esta votación, agricultores de 20 países europeos se manifestaron frente al Parlamento Europeo convocados por COPA COGECA, desde donde afirman que «el texto, tal como está, está mal concebido, carece de una financiación clara y ha consultado pero no ha escuchado a quienes deberán aplicarlo sobre el terreno».
Noticia relacionada: Las cooperativas europeas piden que se rechace la Ley de Restauración de la Naturaleza
Dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigor de este Reglamento, la Comisión tendría que evaluar cualquier brecha entre las necesidades financieras de restauración y la financiación de la UE disponible y buscar soluciones para salvar esa brecha, en particular a través de un instrumento específico de la UE.
