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España es líder europeo en producción ecológica, con más de 3 millones de hectáreas certificadas, el 12,3% de la SAU, manteniéndose como el principal país productor ecológico europeo. Pero continúa enfrentándose a una paradoja: consumo interno sigue siendo reducido en comparación con otros países de su entorno. Ante esta situación, Ecovalia considera que la compra pública alimentaria constituye una de las herramientas más eficaces para impulsar la demanda interna y fortalecer la sostenibilidad del sistema alimentario.
La organización sostiene que los 3.000 millones de euros que las administraciones públicas destinan cada año a la alimentación en colegios, hospitales y residencias representan una oportunidad estratégica para generar un efecto tractor sobre toda la cadena agroalimentaria. La experiencia internacional demuestra, que cuando las instituciones lideran la incorporación de alimentos ecológicos, el mercado privado responde en la misma dirección.
El caso de Francia, en 2019, antes de que la Ley EGAlim (Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) entrara en vigor para la restauración colectiva, el porcentaje de alimentación ecológica en la restauración colectiva pública francesa era del 5,6%. Ya en los primeros años de aplicación obligatoria, este porcentaje fue subiendo, alcanzando actualmente el 12,1%.
Los ejemplos europeos muestran además que los objetivos ambiciosos son alcanzables. Copenhague logró que el 90% de los alimentos servidos en la restauración pública fueran ecológicos ya en 2015, mientras que la ciudad sueca de Malmö alcanzó el 100% de producto ecológico en sus comedores públicos tras una transición gradual de diez años basada en la formación de personal y la adaptación de los menús. Para Ecovalia, este dato demuestra que la contratación pública no solo transforma los comedores institucionales, sino que actúa como palanca para modificar los hábitos de consumo de toda la sociedad.
Ejemplos claros de viabilidad en España
Ecovalia destaca que España ya dispone de experiencias propias que demuestran la viabilidad técnica y económica de este modelo. Entre ellas sobresale el Hospital Regional Universitario de Málaga, considerado uno de los casos más relevantes del país, ya que ha incorporado una muestra de más de 7.500 dietas 100% ecológicas elaboradas con alrededor de 15.000 kilos de materias primas ecológicas certificadas procedentes de productores locales.
Un ejemplo que demuestra que la alimentación ecológica puede integrarse con éxito en entornos tan complejos como los hospitales, sin que su implementación haya supuesto incremento de coste en la elaboración de menús ecológicos con respecto a los convencionales. Se trata de una experiencia pionera en aquellos pacientes que no tienen restricciones alimentarias o dietas especiales.
Precisamente por ello, Ecovalia considera que el principal reto ya no es demostrar si este modelo funciona, sino extenderlo. La entidad defiende que la experiencia de Málaga aporta la prueba práctica que durante años reclamaron las administraciones: que es posible articular cadenas de suministro con productores ecológicos locales, mantener los estándares nutricionales y sanitarios exigidos y hacerlo dentro de una operativa hospitalaria de gran complejidad. El desafío ahora es transformar estos ejemplos aislados en una política pública capaz de generar un impacto real sobre el conjunto del sistema alimentario.
Otro ejemplo reseñable, es el Programa Ecocomedores de Canarias, que se ha consolidado como el principal referente español en compra pública de alimentos ecológicos en comedores escolares. Su modelo, basado en la coordinación entre las administraciones, la compra directa a productores locales y la incorporación de alimentos ecológicos, frescos y de temporada, demuestra que es posible impulsar una alimentación más saludable al tiempo que se fortalece el tejido productor local.
Retos para la compra pública de productos ecológicos
La aprobación de la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica de Andalucía (LIPESA) supone, a juicio de Ecovalia, un punto de inflexión en España. La norma establece que el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche incorpore al menos un 10% de alimentos ecológicos, una medida que alcanzará a más de 2.000 centros educativos y cerca de 600.000 escolares andaluces. Además, prioriza la presencia de alimentos ecológicos en licitaciones de centros educativos, hospitales y residencias.
El Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, por el que se establecen normas de desarrollo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, se establece en al menos un 5% de la compra de alimentos ecológicos en general. Este RD entró en vigor el 16 de abril de 2026 dispone de un plazo de obligatoriedad en cuanto a alimentación ecológica se refiere hasta abril de 2027. El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026-2030 (PNCOCA 2026-2030), ha incorporado el criterio ecológico como obligatorio, incluyéndolo en la revisión documental y definiéndolo como un indicador medible. En este sentido, desde Ecovalia se exige su cumplimiento a partir de 2027 y la realización de monitoreo en 2028, y velará por el cumplimiento de la normativa en pro del desarrollo del sector ecológico.
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España cuenta actualmente con más de 3 millones de hectáreas certificadas en ecológico (casi un 13% de la SAU), manteniendo su posición de liderazgo, representando alrededor del 15% de toda la superficie ecológica europea, por delante de Francia, Italia y Alemania. España cuenta con más de 60.000 productores, elaboradores y comercializadores ecológicos, una base que, según Ecovalia, demuestra que existe capacidad suficiente para avanzar hacia modelos de compra pública más ambiciosos.
No obstante, la organización también identifica retos importantes. Entre ellos destaca la necesidad de reforzar la logística y la distribución para facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a las grandes licitaciones públicas. A diferencia de la exportación, que exige escala, certificaciones internacionales y capacidad logística compleja, la restauración colectiva pública puede abastecerse con circuitos cortos y productores de proximidad.
Según Auxi Vecina, directora de Inteligencia Estratégica en Ecovalia, “el debate de fondo no es únicamente qué alimentos compran las administraciones públicas, sino qué modelo alimentario quieren impulsar con sus decisiones de compra”. La organización defiende que orientar una parte creciente de la contratación pública hacia alimentos ecológicos certificados puede contribuir simultáneamente a reforzar el sector productor, mejorar la sostenibilidad ambiental, generar oportunidades para el medio rural y facilitar el acceso de la ciudadanía a alimentos ecológicos.
«Cuando la compra pública lidera la transición, el mercado privado la sigue«, afirma Vecina, “una idea que resume la visión de Ecovalia sobre el papel estratégico que pueden desempeñar las administraciones en la transformación del sistema alimentario español saludable y sostenible”.
Listado de proveedores para compras públicas
Con el objetivo de seguir impulsando la participación del sector ecológico en los procesos de contratación pública, Ecovalia invita a las empresas, cooperativas, productores y operadores ecológicos interesados en suministrar alimentos a comedores escolares, hospitales, residencias y otros servicios públicos a formar parte de un listado del formulario habilitado por la entidad. Accede al registro aquí.
Esta iniciativa permitirá identificar las capacidades del sector, facilitar el acceso a información específica sobre licitaciones y contribuir al desarrollo de una red de operadores preparada para responder a la creciente demanda de alimentos ecológicos en la restauración colectiva.
