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Últimamente, varias decisiones de la Comisión Europea están inquietando, y mucho, al sector agrícola en general y al hortofrutícola en particular.
Repasamos algunas con Juan Corbalán, director de la delegación en Bruselas de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, que nos explica alguna de las razones que han llevado a establecer estas medidas y cómo poder sortearlas.
Acuerdo UE-Marruecos ¿Qué puede hacer el sector como afectado -y mucho- ante la última maniobra de la Comisión para sortear las sentencias referentes al Sáhara y modificar por la puerta de atrás dicho acuerdo?
El acuerdo con Marruecos manifiesta el doble rasero de la Comisión Europea en el tratamiento de los distintos sectores agrarios. Mientras que en acuerdos como los de Mercosur o Ucrania, la Comisión propone medidas de salvaguardia sólidas y semiautomáticas, que se activan cuando las importaciones superan determinados umbrales o los precios caen por debajo de ciertos niveles —incluso si el impacto afecta solo a un Estado miembro—, en el caso de Marruecos no se aplican medidas equivalentes.
En dichos acuerdos, como en el caso de Mercosur, las cláusulas de protección se formulan fuera del propio texto del tratado, de manera unilateral por parte de la Comisión, lo que facilita su aplicación. También se incluyen compromisos de cumplimiento de las normativas europeas en materia de bienestar animal, medioambiente, igualdad de género, cooperación fitosanitaria y acuerdo de París sobre el cambio climático, como ocurre con los tratados firmados con México, Chile o Canadá.
Sin embargo, en el caso de Marruecos no se prevé ninguna salvaguardia efectiva ni se exige el cumplimiento de estándares medioambientales, sanitarios, fitosanitarios o sociales. Esto deja desprotegido al sector europeo de frutas y hortalizas, que resulta especialmente perjudicado por la competencia desleal derivada de este acuerdo.
Con este acuerdo con Marruecos, la Unión Europea lanza un mensaje negativo, dando a entender que existen sectores agrarios de primera y de segunda categoría.
Desde el sector productor y, en particular, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, mantenemos una postura unida y firme en defensa de los intereses del sector, tanto en este acuerdo como en otros similares. El Consejo de ministros de Agricultura aprobó por unanimidad una posición común, y seguimos trabajando para que el Parlamento Europeo sea consciente del grave impacto que este acuerdo tiene sobre el sector de frutas y hortalizas, esencial para la economía y el empleo de numerosas zonas rurales, y para que, en consecuencia, rechace su ratificación.
No obstante, conviene reconocer que la Comisión Europea actúa en función de la presión política recibida por parte de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. En los casos de Mercosur o Ucrania, varios países han llegado incluso a amenazar con bloquear los acuerdos. En cambio, los Estados miembros más afectados por el acuerdo con Marruecos no han defendido con la misma contundencia, los intereses del sector hortofrutícola, lo que se refleja en los resultados actuales. Estos países deberían ser más firmes y asertivos a la hora de proteger a sus agricultores y cooperativas, tal como hacen otros Estados cuando se trata de sus sectores estratégicos.
Somos plenamente conscientes de los retos geopolíticos que implica la relación con Marruecos —como la cooperación en materia migratoria o en la lucha contra el terrorismo—, pero ello no puede justificar un trato de favor hacia sus exportaciones en detrimento de los agricultores y cooperativas europeas.
Si realmente se considera al sector agrario como estratégico para Europa, este acuerdo no es la manera de demostrarlo.
Dicho acuerdo ¿puede provocar más entrada de frutas y hortalizas de otros terceros países a Europa además de las del Sáhara occidental como marroquíes?
Este acuerdo no cambia nada en los flujos comerciales existentes. Marruecos seguirá exportando libremente frutas y hortalizas a la UE, tanto desde su propio territorio como desde el Sáhara Occidental.
Para cumplir formalmente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión propone que los productos procedentes del Sáhara se etiqueten como originarios de las regiones saharauis de donde provienen, pero el control recaerá en las autoridades marroquíes, algo incomprensible.
Además, para atender al requisito del consentimiento de la población local, la Comisión plantea aumentar las subvenciones a la población saharaui, a los campos de refugiados y a las empresas radicadas en el Sáhara, muchas de ellas vinculadas a la familia real marroquí. En la práctica, estas ayudas reforzarán el control político y económico de Marruecos sobre el territorio y fomentarán aún más sus exportaciones a la UE.
Si la Comisión propusiera algo semejante en otros acuerdos, habría una protesta generalizada de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.
¿Cree que el Parlamento Europeo puede tener la capacidad de revocar este acuerdo?
Estamos trabajando intensamente para que el Parlamento Europeo tome conciencia de la incongruencia de la propuesta de la Comisión y de sus efectos negativos sobre el sector hortofrutícola.
Nuestra única esperanza en este momento es el Parlamento, ya que el Consejo de Ministros de los Estados miembros ha dado su visto bueno. Pero no es fácil convencer a los eurodiputados de otros países, donde el sector de frutas y hortalizas no tiene el mismo peso.
Pedimos coherencia: del mismo modo que muchos defienden los sectores ganadero o cerealista frente a Mercosur o Ucrania, deberían defender al sector hortofrutícola en el caso de Marruecos.
El otro escollo: Más plagas y enfermedades, pero hay una falta de medios para combatir. ¿Qué piden las cooperativas al respecto?
Es un tema crucial. En los últimos años se han retirado más de 70 sustancias activas convencionales en la UE y no se han incorporado alternativas nuevas. Los agricultores y sus cooperativas disponen de menos herramientas fitosanitarias para luchar contra las plagas.
Con la nueva Comisión hay un cambio de narrativa, fruto del trabajo de las organizaciones agrarias y cooperativas. En la reciente Comunicación sobre la Visión del Futuro de la Agricultura, la Comisión reconoce que no deben eliminarse herramientas sin alternativas viables. Sin embargo, en la práctica ese principio no se aplica.
Además, las importaciones no están sujetas a los mismos controles de residuos y sustancias prohibidas que los productores europeos, lo que supone una competencia desleal y un engaño (y peligro) para los consumidores.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias trabajamos en el marco de Copa-Cogeca para pedir medidas concretas: acelerar la autorización de nuevas sustancias sobre todo las convencionales, mejorar el reconocimiento mutuo entre Estados miembros y garantizar igualdad de condiciones en el mercado único.
Esperamos que la Comisión recoja nuestras demandas en la próxima propuesta de simplificación (“Ómnibus”) de los reglamentos de Sanidad Vegetal, pero no será suficiente. Seguiremos presionando con dos objetivos: ampliar las herramientas fitosanitarias disponibles para los agricultores europeos y exigir que las importaciones cumplan las mismas normas que los productores de la UE.
Sigamos. Cláusulas espejo. Algunas voces en el sector creen que nunca se aprobarán como tal ¿Puede ser así, que se queden en una eterna promesa siempre sobre la mesa pero sin aplicar?
Observamos un cambio de paradigma en Bruselas. Hasta 2024, hablar de cláusulas espejo era un tema tabú tanto en la Comisión, como también en muchos países del norte (y algunos del sur). Hoy existe un consenso creciente en que las importaciones deben cumplir las mismas normas de producción que la agricultura europea.
Ya se han introducido cláusulas espejo en normativas como la deforestación, la diligencia debida o la Directiva de información corporativa. No obstante, hay que ser coherentes: lo que se exija a las importaciones debe aplicarse también a la producción europea, para cumplir con las reglas de la OMC.
En algunos casos, incluso sectores productores europeos se resisten como los ganaderos —por ejemplo, en la deforestación— porque también les obliga a demostrar el origen sostenible de su producción. Hay diferentes aristas cuando hablamos de cláusulas espejo.
La Comisión quiere trabajar caso por caso. Hay avances en bienestar animal, ya se están pidiendo algunas disposiciones a las importaciones (Mercosur, Ucrania) y en restricciones a determinadas sustancias como los neonicotinoides, pero el progreso es desigual. En frutas y hortalizas, la falta de exigencias sigue siendo un problema, sobre todo por la oposición de algunos países del norte de Europa, más interesados en importar.
En todo caso, seguimos trabajando con constancia: este es un proceso de largo recorrido. El mensaje informal que recibimos de las instituciones es que no flaqueemos, que sigamos defendiendo los intereses del sector producto europeo y pidamos estas cláusulas. Y eso haremos.
Vámonos ahora con la PAC y la OCM. Recientemente, el PE aprobó los contratos obligatorios, pero sin reconocer la especificidad de las cooperativas. ¿Pueden ser recurridas estas decisiones que imponen obligaciones contractuales entre el socio y la cooperativa?
El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente su posición sobre la OCM única. El Consejo la aprobó en julio y ya han comenzado los trilogos para intentar llegar a una posición común.
La propuesta inicial de la Comisión propone contratos obligarlos entre comprador y vendedor a nivel UE que apoyamos para reforzar el mercado interior y las transacciones comerciales entre países. Con respecto a la contratación entre socio y su cooperativa la Comisión propone que sea exenta si en los estatutos se establecen medidas similares a las establecidas en los contratos, algo que es similar a la posición del Consejo. Sin embargo, el Parlamento europeo aprobó que en dichos estatutos se establezca medidas con objetivos similares.
Hemos trabajado tanto con el Consejo como con el Parlamento europeo la exención total a las cooperativas y sus socios, que no tengan que establecer contratos ni nada en los estatutos. Las cooperativas son empresa propiedad de sus socios y socias, agricultores y ganaderos que toman sus decisiones de forma democrática y ellos deciden cómo establecer las liquidaciones, la forma de entrega de producto etc. Obligar mediante una legislación a los agricultores a establecer como pagarse a ellos mismos supondría un aumento de la burocracia, y además, inmiscuirse en sus decisiones de estrategia comercial y financiera.
En este sentido creemos que la posición del Parlamento europeo, a pesar de que no recoge la excepción completa a las cooperativas y sus socios, es más que la posición del Consejo y la Comisión. Por ello ya hemos trasladado a la presidencia danesa nuestra posición para que la tenga en cuenta en los trilogos.
¿Confían en que los trílogos puedan subsanar estas medidas que chocan con los que incluso la administración preconiza como la necesidad de fortalecer la unión cooperativa, fortalecerse para comercializar mejor, menos burocracia, etc?
El Parlamento ha aprobado, a propuesta de algunas organizaciones agrarias, que un agricultor pueda ser miembro de varias organizaciones de productores (OP) para un mismo producto con destinos diferentes. Eso significa que un agricultor de patata podría elegir llevar su patata a fresco a una OP u a otra si es con destino a industria. Esto podría debilitar a las cooperativas, al no asegurar el compromiso de sus socios. Hemos manifestado nuestra oposición rotunda a esta medida, y esperamos que sea rechaza en los trílogos.
No esperamos grandes mejoras para las cooperativas en los trílogos, pero sí evitar cuestiones negativas. En ocasiones, algunos eurodiputados y organizaciones agrarias no ven a las cooperativas como un instrumento para mejorar la rentabilidad de los agricultores.
Nuestra prioridad es que se apruebe la obligación contractual entre comprador y vendedor en toda la UE, manteniendo eso sí la exención para las cooperativas y sus socios. Eso fortalecería la integración del mercado único y daría coherencia al modelo europeo de agricultura.
