Hasta este mes de junio, la ingente normativa ambiental que abruma a los europeos nos obligaba a proteger la Naturaleza. Desde este mes de junio de 2024, además nos obligará a “restaurarla”.
La Real Academia nos dice que restaurar es “reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía”.
Por lo tanto, restaurar la naturaleza presupone que antes del estado actual existiera otro mejor u óptimo al que se debe volver. Pero también puede darse que el supuesto estado anterior fuese simplemente distinto, o incluso objetivamente peor al existente.
Así, es imprescindible la existencia de un juez valorador que asigne o puntúe los distintos estados de “la naturaleza” y escoja cual sea el deseable o preferible a perseguir.
Preferencias hay como colores, y dependerá de si ese juez es un ecologista radical, un productivista agrario o un negacionista conspiranoico.
Si atendemos al primer párrafo del Reglamento ya podemos obtener algunos indicios de por dónde van las cosas: “A pesar de los esfuerzos de la UE e internacionales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas continúan a un ritmo alarmante, lo que perjudica a las personas, la economía y el clima.”
“Este hecho está ampliamente documentado, en particular en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)”.
“Unos ecosistemas saludables proporcionan alimentos y seguridad alimentaria, agua limpia, sumideros de carbono y protección contra las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático. Son esenciales para nuestra supervivencia, bienestar, prosperidad y seguridad a largo plazo, ya que constituyen la base de la resiliencia de Europa.”
Da la impresión de que la manera de ver las cosas del legislador es que a pesar de los esfuerzos de los buenos (políticos y burócratas) y de su maraña reglamentaria, se pierde biodiversidad y se degradan alarmantemente los ecosistemas, y ello perjudica a las personas, a la economía y al clima.
El legislador también parece pensar que los “alimentos y la seguridad alimentaria” no los proporcionan los agricultores y su agricultura, sino “los ecosistemas saludables” que van a ser restaurados por un nuevo esfuerzo de los burócratas plasmado en esta Ley.
Nuestra interpretación de la realidad difiere de la de los legisladores. Lo que nosotros percibimos a diario que los alimentos los proporcionan los agricultores y la Agricultura, amén de la Ganadería y la Pesca. Y además creemos que esto se consigue a pesar del lastre burocrático interminable de los reguladores.
Desde nuestro punto de vista y experiencias previas desde hace demasiados años, el sistema agroalimentario corre grandes riesgos que se pueden derivar de esta legislación.
Burocracia
Entre los posibles perjuicios se encontraría una mayor burocracia que implica mayores costes y pérdida de competitividad de los agricultores europeos.
Pérdida de soberanía alimentaria
Una mayor dependencia de países terceros donde esta ley no es aplicable porque su Naturaleza, hipócritamente, no es asunto nuestro.
Reducción de los rendimientos y menor defensa frente a plagas y enfermedades, y consecuente encarecimiento de los alimentos.
Puede reducir las posibilidades de regadío, lo que puede hacer desaparecer cultivos o abocar a los agricultores afectados a la precariedad del cultivo de secano.
Puede reducir la disponibilidad de alimentos en un continente que ya está sufriendo su encarecimiento y una guerra en su territorio.
Continuará.