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Con motivo del Día Mundial del Suelo, que se conmemora el 5 de diciembre, la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA) de la UICN, Aroura y Save Soil, concluyen que en materia de política, los países no están priorizando la salud del suelo en sus esfuerzos por combatir el cambio climático.
Otro reciente análisis bajo el nombre – COP30: Un punto de inflexión para la acción climática, pero donde la agricultura y los suelos se quedan atrás. – realizado por Save Soil , también revela que los sistemas de financiación y las negociaciones formales sobre el suelo siguen estando muy rezagadas, a pesar de que la capa superficial del suelo del mundo es una solución climática mucho más eficaz de lo que se creía.
El informe concluye que el suelo almacena 2.822 gigatoneladas de carbono en el primer metro de su capa superficial, lo que significa que la capa superior del suelo retiene un 45 % más de carbono de lo estimado previamente.
Fundamentalmente, el 27% de las emisiones necesarias para mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C pueden capturarse en suelos sanos. Sin embargo, el 70% de los países no incluyeron la restauración del suelo como una solución para mitigar el cambio climático en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) de la COP30.
El informe advierte que el 40% de la superficie terrestre ya está degradada, y la FAO proyecta que el 90% para 2050. La degradación actual corre el riesgo de liberar 4.810 millones de toneladas métricas de CO₂ al año, una cifra comparable a las emisiones anuales de Estados Unidos. Si tan solo se emitiera el 1% del carbono del suelo europeo, equivaldría a las emisiones de 1.000 millones de automóviles.
Por eso, el último documento, “Veredicto político para la COP30”, concluye que los 9.000 millones de dólares comprometidos para agricultura y sistemas alimentarios son “muy insuficientes” en comparación con los 11 billones de dólares anuales que se estima que valen los servicios globales del suelo.
Además, el eje de agricultura de la COP30 volvió a cerrarse sin acuerdos, lo que podría retrasar la adopción de nuevas medidas hasta 2026.