ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) tras la reunión mantenida con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, aseguran compartir con el Gobierno la preocupación por los precios de los alimentos, sin embargo no ven viable la propuesta de una cesta básica de productos a precio cerrado.
Los motivos
- Un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis. La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas.
- Ineficacia del acuerdo propuesto, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia.
- Experiencias fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas.
Según dichas asociaciones, los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012.
Según la distribución española, las causas del alza del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas y agravado por la guerra de Ucrania.
Propuestas de la distribución
Proponen varias acciones para la contención del IPC alimentario:
- Bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos- y suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.
- Precio de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores.