El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado hoy y, definitivamente por amplísima mayoría de 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, la Directiva europea que establece unas medidas mínimas en toda la UE para luchar contra las prácticas comerciales desleales, regulación sobre la que Cooperativas Agro-alimentarias de España lleva trabajando más de 10 años.
Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que es un buen paso para reforzar el mercado interior y establecer unas mínimas herramientas en toda la UE para luchar contra dichas prácticas. En este sentido la Directiva permite a los Estados Miembros que amplíen el ámbito de actuación y la lista de prácticas prohibidas como la inclusión la venta a pérdidas. Sin embargo, pese a que el Parlamento europeo lo defendió, finalmente dicha Directiva tiene sus limitaciones, no abarca a todas las empresas proveedoras, sólo a las que facturen menos de 350 millones de euros y no incluye la venta a pérdidas como práctica desleal, algo que no nos parece adecuado.
El establecimiento de una legislación europea para luchar contra las prácticas comerciales desleales la recogió la Task Force AGRI, impulsada por el Comisario Hogan en 2016, para reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria.
La Directiva establece una lista de 16 prácticas comerciales desleales divididas en prácticas prohibidas y prácticas prohibidas si no hay acuerdo entre las partes. Además, la Directiva obliga a que los Estados Miembros tengan una autoridad pública encargada del control del cumplimiento, en nuestro caso la AICA, y permite que los afectados y/o las organizaciones representativas puedan emitir denuncias asegurando también su anonimato. En la tramitación de dicha Directiva ha sido clave la experiencia de la Ley española de la Cadena Alimentaria que mostraba a los críticos que una legislación a nivel europeo era positiva para todo el sector y reforzaba el mercado interior.
El Consejo debe ratificar el texto de manera formal, (el Comité Especial de Agricultura lo aprobó por unanimidad de los 28 Estados Miembros), y se espera su publicación en el Diario Oficial de la UE en abril. Una vez publicada, la Directiva deberá ser traspuesta a las legislaciones nacionales por los Estados Miembros en 24 meses y entrará en vigor 30 meses después de su publicación.