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El pasado 3 de octubre se produjo lo que no se deseaba, pero se intuía: La Comisión Europea sorteaba las sentencias del Tribunal de Justica de la UE sobre los productos agropecuarios del Sáhara Occidental con una modificación del Acuerdo con Marruecos, que entraba en vigor de forma provisional a la espera de la ratificación en el Parlamento Europeo. La decisión fue publicada el lunes día 6.
Como comenta Juan Corbalán, director de la delegación en Bruselas de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, “el acuerdo con Marruecos manifiesta el doble rasero de la Comisión Europea en el tratamiento de los distintos sectores agrarios”, refiriéndose a otros como Mercosur que incluye cláusulas y compromisos de normativas de bienestar animal, medioambiente, igualdad de género o cooperación fitosanitaria que sí se incluyen en otros firmados con México, Chile o Canadá. El acuerdo con el país alauita está limpio de estas exigencias, lo que da pie a que el sector de frutas y hortalizas, no sólo español sino también el europeo, quede a merced de una grave competencia desleal promovida paradójicamente desde la propia administración europea.
Y como buen conocedor de la política europea es claro al afirmar que la Comisión Europea actúa en función de la presión política que recibe de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Con Mercosur o Ucrania, varios países han llegado a amenazar con bloquear los acuerdos. “En cambio, los Estados miembros más afectados por el acuerdo con Marruecos no han defendido con la misma contundencia los intereses del sector hortofrutícola”, asegura Corbalán.
De ahí que COEXPHAL, y a continuación FEPEX, mostraran su contrariedad y preocupación ante la votación celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de octubre para rechazar la modificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
La iniciativa, impulsada por Vox, fue respaldada por el Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Sumar. Sin embargo, el rechazo no fue unánime, lo que generó una fuerte inquietud en el sector hortofrutícola español. Votaron en contra de esta protección al campo español: PSOE, ERC, PNV, Bildu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG.
Por eso, desde COEXPHAL consideran inaceptable que formaciones políticas que deberían representar a todos los ciudadanos y se presentan como defensoras del territorio, la sostenibilidad y el empleo rural decidieran no oponerse a un acuerdo que vulnera la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y permite la entrada de productos agrícolas sin garantías de trazabilidad, sostenibilidad ni control fitosanitario.
Queda la esperanza en el Parlamento Europeo, y ya ha habido voces europarlamentarias que acusan a la Comisión de eludir la autoridad del Parlamento. El propio presidente de la Comisión de Comercio del PE, Bernd Lange, ha calificado esta actuación de la Comisión como “una forma escandalosa de operar”.
Y en el debate, también la nueva PAC
Igualmente, COEXPHAL ha mostrado su oposición frontal a la nueva reforma de la PAC, y ha pedido al Parlamento Europeo que vote en contra, y que se presente una nueva propuesta del Marco Financiero Plurianual, que incluya una cantidad similar y exclusiva a la PAC actual.
El presidente de COEXPHAL, Juan Antonio González, fue claro durante el pasado Comité Mixto de Frutas y Hortalizas de España, Francia, Italia y Portugal celebrado en el marco de Fruit Attraction y dando voz a Cooperativas Agro-alimentarias: “es menos agraria, menos común, con menos presupuestos y sin la simplificación prometida”. Además, la propuesta no sólo no garantiza la soberanía alimentaria, sino que acelera la dependencia de alimentación de las ciudades europeas de países terceros.
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Respecto a los cambios propuestos por la nueva PAC es positivo que se mantenga la ayuda finalista a través de los programas operativos cofinanciados con las OPFH en función de su facturación, pero el sector reconoce como muy negativos, por una parte, la supresión de un presupuesto propio y abierto para el sector hortofrutícola, y por otra, la cesión total de la subsidiariedad de los Estados miembros, que decidirían de forma unilateral qué sectores, con cuánto presupuesto y cómo se financiarían las ayudas.
En este sentido, parece que en Europa se están priorizando otros sectores como la defensa, el espacio, la innovación tecnológica o la energía limpia, y se está dejando un tanto al margen la producción agroalimentaria.
¿Y la seguridad alimentaria dónde queda?
El director de Sostenibilidad y Desarrollo Alimentario del Grupo Cajamar, Roberto García Torrente, explica tres razones por las que agricultura europea está perdiendo relevancia económica y política ante otros sectores “estratégicos”. La primera: una falta de estrategia común entre los diferentes agentes del sector agroalimentario a nivel de toda la UE, sin que haya una reflexión global y a largo plazo para hacer más competitiva y rentable la agricultura europea, sino a nivel local de países. Una segunda razón: la constante pérdida de peso político y social de la agricultura frente a una visión idealizada del entorno rural desde las ciudades, priorizando lo medioambiental en detrimento de lo alimentario. Y la tercera: no ser conscientes de la dependencia que tenemos de la importación de alimentos en la Unión Europea. A pesar de una balanza comercial favorable en valor (226.000 millones de euros frente a unas importaciones de 187.000), en volumen es a la inversa con 130.000 millones de toneladas frente a unas importaciones de 156.000 millones.
Finaliza García Torrente con una reflexión: En la agricultura española, los sectores más dinámicos, que más han crecido y que mayor porcentaje representan de la producción y la exportación son los que menos apoyo reciben de la PAC. Está hablando de frutas, hortalizas y porcino que son el 51,8 % de la producción y apunta también al regadío, que genera el 65 % del valor añadido neto de la agricultura española.
¿Qué razones hay para no ser merecedores de un mejor trato?
Ilustración: Julián Echeverry