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Tras una intensa jornada de negociaciones que concluyó la pasada noche, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político parcial sobre la estructura de la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034.
Este pacto define las reglas del juego regulatorias para el sector agrario europeo, aunque el reparto presupuestario total y las cifras definitivas quedan a la espera de la negociación horizontal del Marco Financiero Plurianual (MFP) por parte de los jefes de Estado y de Gobierno.
El principal avance de la reforma es la simplificación administrativa a través de la creación del Plan de Asociación Nacional y Regional (NRPP). Este nuevo marco unifica el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) bajo una única estructura jurídica por Estado miembro.
Con este cambio, los países dispondrán de una mayor flexibilidad para adaptar las directrices de Bruselas a las necesidades específicas de sus territorios y regiones.
El acuerdo alcanzado introduce novedades clave en la arquitectura y el funcionamiento de las ayudas:
• Definición de «agricultor activo»: Será obligatorio para todos los Estados miembros delimitar de forma clara esta figura jurídica, garantizando mediante un nivel mínimo de actividad que los fondos de apoyo a la renta se dirijan exclusivamente a quienes trabajan de forma directa la tierra.
• Nuevo sistema DABIS: Se establece un renovado sistema de apoyos a la renta basados en la superficie para canalizar la financiación de manera más específica y mitigar la volatilidad de los ingresos agrarios.
• Impulso al relevo generacional: Se aprueba una estrategia reforzada para la incorporación de jóvenes al sector, que incluye un «paquete de inicio» con dotación financiera inicial y medidas concretas de apoyo para la sustitución en las explotaciones (bajas por enfermedad o permisos de maternidad).
• Flexibilización ambiental (Farm Stewardship): Aunque se mantiene el compromiso verde de la Unión, la nueva arquitectura ambiental busca reducir la carga burocrática y rebajar la rigidez de los controles directos, evitando penalizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
• Gestión de crisis y ayudas sectoriales: Se potencian las herramientas de respuesta rápida ante perturbaciones de mercado y eventos climáticos extremos. Asimismo, se consolidan las ayudas asociadas para sectores agrícolas y ganaderos vulnerables (como el hortofrutícola, vitivinícola y apícola), acotando los límites de degresividad para salvaguardar a los socios de las cooperativas.
Con este acuerdo político bajo el brazo, el Consejo de la Unión Europea fija su posición oficial de cara a iniciar, a partir de enero, las negociaciones a tres bandas (trílogos) con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para la redacción del texto legislativo definitivo.
Posición del Ministerio
El Ministro de Agricultura, Luis Planas, segura estar satisfecho con el resultado porque “este pacto recoge las principales líneas defendidas por España y acordadas con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias”.
Planas ha recordado que al inicio de estas negociaciones, en julio de 2025, el Gobierno de España propuso un acuerdo en torno a tres puntos: una política agraria comunitaria fuerte y dotada con un presupuesto suficiente; una PAC plenamente europea y flexible en su aplicación nacional; y evitar una renacionalización de la misma. Tal propuesta obtuvo el apoyo unánime de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y de Cooperativas Agro-alimentarias.
Desde el Ministerio aseguran que los dos puntos segundos se han conseguido, sin embargo el primero (un presupuesto suficiente) seguirá pendiente a la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno en Consejo Europeo.