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La plataforma ciudadana SOS Rural y la asociación Ecología y Libertad han anunciado este martes el inicio de una «macrocausa judicial a nivel nacional» contra la implantación de parques solares fotovoltaicos en suelos agrícolas de alta productividad. La iniciativa, calificada como “pionera” por sus impulsores, tiene como objetivo detener lo que consideran un “despliegue especulativo y desordenado” de energías renovables en tierras cultivables, esenciales para la soberanía alimentaria y el equilibrio territorial.
El anuncio se realizó en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, con la participación de Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, y Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
Las primeras demandas se abrirán en el municipio jienense de Lopera, donde cuatro proyectos fotovoltaicos proyectan la destrucción de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios. Estos planes forman parte de un total de más de 20 proyectos previstos en la provincia de Jaén. “Las primeras acciones judiciales, basadas en un análisis exhaustivo de los proyectos, nos van a permitir frenar la tala de estos olivos en Lopera”, afirmó Fernández.
Desde ambas organizaciones insisten en que su oposición no va dirigida contra las energías renovables, sino contra su implantación sin planificación sobre tierras cultivables, «clave para la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el empleo rural».
Corbalán quiso dejar claro que “esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas que son esenciales para el futuro común”. Por su parte, Fernández subrayó que “la transición energética requiere una planificación territorial adecuada que establezca zonas compatibles con las instalaciones solares y prohíba su implantación en áreas protegidas o agrícolas de alto valor, más allá de las evaluaciones ambientales actuales”.
Ley estatal
Según datos oficiales, en Andalucía el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares se sitúan sobre suelos agrícolas clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva. Estos terrenos, destacan las plataformas, tardan siglos en formarse y son clave para la producción de alimentos y la conservación del paisaje agrícola.
Un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) señala que en 2024 los parques solares ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil (SAU), el equivalente a unos 70.000 campos de fútbol. De mantenerse la tendencia, la superficie alcanzaría casi 95.000 hectáreas en 2030, lo que representa un incremento del 166% respecto a 2016.
Las plataformas exigen una zonificación vinculante que impida la instalación de placas solares en suelos fértiles y que priorice el uso de terrenos degradados. También reclaman una ley estatal, como ya existe en Francia o Italia, que proteja el valor estratégico del suelo agrícola.
